La comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Alvarez, busca el amparo de la justicia federal por la suspensión temporal de sus funciones que le fue impuesta por una investigación relacionada con su patrimonio.

De inicio, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz le negó la suspensión provisional, con lo que la servidora pública pretendía revertir o dejar sin efecto la medida cautelar que impuso el Órgano Interno de Control del IVAI.

Yolli García Alvarez concluye su periodo para el que fue electa como comisionada del IVAI por un periodo de seis años, el próximo 25 de marzo. Y participa en el proceso de selección actual para ser consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

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De acuerdo con el expediente 185/2020, la comisionada sería notificada este día -de manera personal- del acuerdo en el que le niegan la suspensión provisional del amparo que interpuso desde el pasado 13 de marzo.

Ahí mismo se indica que los actos reclamados son: “La imposición de la medida cuatelar consistente en la suspensión temporal como servidora que venía desempeñándose como consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”.

Además del expediente se desprende que fijaron dos fechas de audiencia, el 30 de marzo y 27 de abril, para analizar de fondo la demanda de amparo.

La medida cautelar de suspensión temporal de la función pública fue impuesta porque se negó a entregar su declaración patrimonial bajo la excusa que ya la había presentado ante el Congreso del Estado.

En la investigación previa, las autoridades correspondientes detectaron al menos cinco propiedades a su nombre adquiridas durante el periodo de comisionada del IVAI: una casa y tres terrenos en la localidad La Orduña, en el municipio de Coatepec; y una casa en el estado de Baja California Sur.

Cabe destacar que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió ayer el Acuerdo General 4/2020, en el que establecieron que se suspenden labores en los órganos jurisdiccionales hasta el 19 de abril y solo dejarán guardias para la atención de asuntos urgentes.

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