Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) denunciaron que aún no conocen los lineamientos de seguridad sanitaria para el retorno laboral, en el marco de la nueva normalidad por covid-19, pese a que el posible retorno está programado para el 1 de agosto. Además, indicaron que las autoridades no les han informado los detalles finos sobre los montos que acordarán con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el trámite para regularizar las prestaciones de los más de dos mil trabajadores basificados.

Por un lado, señalaron que es importante conocer los protocolos de seguridad, dada la austeridad presupuestal y la reducción del 75%, decretado el pasado 23 de abril en gastos operativos y de servicios generales que le fueron impuestos en el sector federal y, por ende, al INBAL, dependencia que no ha informado a cuánto asciende su recorte.

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Y sobre las prestaciones, indicaron que existen dudas de los montos que el INBAL tramitará ante la SHCP y se sospecha que la dependencia podría plantear algunas reducciones sin la anuencia de las distintas fracciones sindicales, luego de que la institución reconociera un déficit de 326 millones 390 mil 465 pesos por el pago de prestaciones no reconocidas ante la Hacienda.

DUDAN DE INSUMOS

Sobre el tema de la seguridad sanitaria, los trabajadores revelaron que el INBAL no ha aplicado medidas hasta el momento.

Así que los trabajadores acuden a hacer trámites urgentes y a realizar sus cobros en espacios como el Museo Nacional de Arte, el Teatro Regina y la Escuela Superior de Música sin que se exija el uso de cubrebocas o se tome la temperatura a los empleados cuando ingresan a las instalaciones. Tampoco existen tapetes desinfectantes o dispensadores de gel antibacterial.

A mí ya me tocó vivirlo, y creo que aquí el INBA tiene una obligación para dar a conocer las medidas. Sin embargo, existe una omisión de mostrar esos lineamientos, por lo que exigimos mesas de seguridad e higiene para trabajar y salvaguardar la salud de los trabajadores, pero la autoridad no ha respondido”, expresó Jonathan Bautista Salazar secretario general del sindicato Artes 22 INBAL.

Gabriela León, también trabajadora del INBAL, comentó que no hay claridad ni información específica de cómo afectará el recorte del 75%. “Habrá un impacto, pero no sabemos con precisión dónde impactará ni los montos”.

Sin embargo, dijo que “la reducción afectará en servicios generales, materiales e insumos y es justo ahí donde repercute el tema de jabón, del gel y en (la operación) de ciertos centros de trabajo. Por ejemplo, ahorita ingresamos sin que nos tomen la temperatura, sin llevar el cubrebocas. Son cosas que se han dejado de lado y ponen en peligro a los trabajadores, sin contar la vulnerabilidad que podríamos atravesar en edificios, museos y teatros, (porque) no tenemos los insumos necesarios”.

Y Susana Lozano Silva coincidió: “Creo que sería importante que la autoridad garantizara los insumos necesarios para atender lo indispensable en esta contingencia, pero también para la operatividad del instituto. Da temor saber que esta reducción podría afectar sólo en este año… o alargarse hasta el próximo”.

OMISIONES Y RIESGOS

Hace unos días, el INBAL que dirige Lucina Jiménez, emitió el comunicado 656 con el que recordó que la actual administración ha buscado la autorización y registro ante la SHCP de las prestaciones que, durante décadas, se otorgaron a trabajadores de base y operativos de confianza por “usos y costumbres”.

326.6 millones de déficit por el pago de prestaciones no reconocidas ante Hacienda tiene el INBAL

Esta tarea, apuntó, contribuirá a una mayor sostenibilidad del INBAL, garantizar derechos de los trabajadores, acabar con la discrecionalidad y fomentar la cultura de la no corrupción

Advirtió que, derivado de esta omisión de la autoridad, en pasadas administraciones, se generó un recurrente déficit en el presupuesto institucional, afectando el pago de la nómina y los recursos destinados a operación sustantiva del INBAL por un monto anual aproximado de 326 millones 390 mil 465 pesos.

Y detalló que, en noviembre pasado, el Órgano Interno de Control (OIC) realizó una auditoría a las prestaciones que paga el INBAL, “determinando la no procedencia de pago de aquellas que están en la condición de no haber sido aprobadas y registradas en Hacienda”.

Derivado de ese diagnóstico, detectó que el pago de prestaciones no autorizadas es un “riesgo institucional” y según la auditoría 14/2019 se pagan 17 de conformidad a lo establecido por la SHCP, 22 están autorizadas y se pagan con montos superiores a lo reconocido, y 60 no cuentan con autorización.

En este sentido, Bautista Salazar consideró que la regulación de prestaciones sí es necesaria, pero lo que preocupa es que las autoridades reduzcan los montos autorizados para dichas prestaciones, dado que hasta el momento no han detallado el proyecto final que llevarán ante la SHCP.

Nosotros buscamos que todos los acuerdos que se hicieron internamente, por 36 años, queden salvaguardados, así que queremos conocer la versión final del proyecto que se enviará, porque no tenemos certeza”, apuntó.

¿Cuál es su postura sobre la manta que permaneció colgada afuera de Bellas Artes?, se le inquirió. “Somos respetuosos de los manejos y acciones políticas de los compañeros, pero ésta surgió porque buscaban compensaciones no registradas y que ni siquiera eran acuerdos plasmados en papel, es decir, buscaban compensaciones monetarias o de recursos que no consideraba el INBAL y que las organizaciones estaban acostumbradas a recibir y no coincidimos”, concluyó.

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