Carlos Lara es investigador sobre los derechos culturales; a finales del año pasado presentó su libro intitulado El Salario Emocional de la Cultura. El precariato como modelo de gestión cultural, donde analiza el estado de la gestión cultural de los más recientes 20 años en el país. Participó en la reforma al Artículo IV constitucional para establecer el derecho a la cultura y también formó parte del diseño de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Lara estima que la actual administración federal inició con un proyecto muy ambicioso al decir que “de la cultura del poder íbamos al poder de la cultura”; pero al final, señala, “todo se quedó en un slogan”.
Menciona que únicamente se ha visto una reducción al presupuesto y la desaparición de instituciones que permitían el emprendedurismo en México, como ProMéxico, “lo desaparecieron sin generar nada a cambio; también desaparecieron el Instituto Nacional del Emprendedor”.
Agrega que desde el Poder Legislativo también se han impulsado una serie de reformas como la promovida por Susana Harp, que modificó el capítulo tercero de la Ley Federal del Derecho de Autor con respecto a la libertad de utilizar obras de arte popular o artesanal. En palabras de Lara, “prohíbe a los artesanos ser emprendedores; es una medida retroactiva en perjuicio de los artesanos”.
El investigador expresa preocupación ante la eliminación del emprendedurismo, “me preocupa que desaparezcan ese tipo de instituciones y que agrupen todo en el Poder Ejecutivo para después dar dinero, porque eso nos lleva a un asistencialismo cultural; hay que tener cuidado porque eso es muy peligroso”.
Lara menciona que las políticas culturales deben ser un asunto de Estado, no de gobierno, donde participen los tres poderes. Considera muy grave que las principales políticas culturales del país vengan únicamente desde el Ejecutivo.
Vuelta a un presidencialismo
Ejemplifica que el programa de trabajo que presentó en su momento Jaime Sabines como primer presidente de la Comisión de Cultura “fue un calco del programa de cultura que presentó Salinas de Gortari en campaña”.
Señala que el Poder Legislativo comenzó su labor activa en 2009, cuando se impulsó la reforma que estableció el derecho a la cultura en el Artículo IV, “a partir de ahí se empezaron a modificar leyes como la de monumentos o la relativa a estímulos fiscales, que más tarde derivó en el Efiartes”. Agrega que hasta el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezó a interpretar el derecho a la cultura durante el año de 2012.
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No obstante, hoy en día observa un panorama distinto, “hemos vuelto al decreto, desmantelando instituciones y quitando presupuesto; hemos vuelto a un presidencialismo, cuando ya teníamos un avance y estaban participando los tres poderes en el desarrollo de políticas culturales, eso es muy grave”.
El autor sugiere que las estrategias culturales deben ser implementadas de forma transversal con las demás secretarías. Parte de su estudio de gestión cultural involucra reconocer que los agentes culturales no pueden hacer todo el trabajo, hay un límite donde la tarea se vuelve interdisciplinaria y debe involucrar otros actores.
“Hay que precisar hacia dónde va el desarrollo cultural, pero no únicamente desde la Cultura, sino involucrando a otras secretarías; por ejemplo, en el corto plazo, con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda; y ya en el mediano plazo incorporas a Educación, Sedesol y Turismo”.
Asegura que las políticas culturales deben ser contextuales y analizar el entorno jurídico del país. Uno de los grandes pendientes es el tema laboral de los agentes culturales. “Necesitamos una reforma a la Ley Federal del Trabajo; venimos proponiendo desde hace tiempo una ruta que han seguido otros grupos de la sociedad civil, como las trabajadoras domésticas, es decir, se puede acceder a un modelo de seguridad social… ¡sí se puede!; podemos partir del régimen de incorporación voluntaria que existe en la Ley del IMSS y de ahí para adelante”.
