Con dos denuncias penales en su contra, interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en los últimos dos meses, la casa Morton Subastas regresó ayer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) una carta firmada por José María Morelos y Pavón que pertenece a la Biblioteca Histórica José María Lafragua de esta institución y que sus investigadores identificaron en uno de los catálogos de la rematadora.

El documento, denunció Rosalva Loreto, directora de Patrimonio Histórico Universitario de la BUAP, en una misiva enviada el lunes pasado a Luis López Morton, presidente de la casa de remates mexicana, fue sustraído ilegalmente de la biblioteca declarada Memoria del Mundo México por la Unesco y puesto a la venta el 21 de julio pasado, a un precio de salida de 80 mil pesos, aunque no fue comprado, por lo cual solicitó su restitución. (Excélsior, 16/09/2020)

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La carta número 43, firmada por Morelos y remitida a Ignacio López Rayón, una de las 17 del prócer de la Independencia que se resguardan en dicha biblioteca, fue recibida por la doctora Rosalva Loreto y la maestra Mercedes Salomón, directora del acervo, en presencia de López Morton y Jaime Gutiérrez, apoderado legal de Isaac Backal, poseedor del documento, “que de buena fe lo adquirió de un particular hace más de 20 años, sin saber su procedencia y cuidó de él durante este tiempo”, informó la subastadora en un comunicado.

Se explicó que, de acuerdo con las evidencias que la BUAP presentó a los especialistas de Morton, esta carta se extravió en 1996 y formó parte del corpus epistolar que fue consultado y transcrito en la biblioteca de José María Lafragua en 1907.

La gestión del reintegro de la misiva a su lugar de origen se logró con intermediación de Morton Subastas y en completo acuerdo del coleccionista y consignante que la tenía en su poder”, se aclaró.

Las dos denuncias que se encuentran abiertas en la FGR en contra de la Casa Morton fueron interpuestas, una, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia el 7 de julio pasado, “por la comercialización y venta de manuscritos de los siglos XVIII y XIX”; y, la otra, por el Archivo General de la Nación el 8 de septiembre, “por la comercialización y venta de documentos considerados Patrimonio Documental de la Nación”.

Sobre estos casos, informó ayer el área de Comunicación de la subastadora, por el momento no hay novedad. “Ahora están en investigaciones los peritos. Hay un periodo para ello”.

Morton hizo un llamado para mejorar los inventarios y la seguridad de los archivos de documentos históricos.

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