(SPI).- Las acciones en contra de Karime Macías Tubilla tienen un trasfondo político-electoral, había advertido el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

A través de sus abogados, encabezados por Ricardo Antonio Sánchez Reyes, el ex mandatario denunció que las acciones contra su esposa y suegra “es más el interés de la nota sensacionalista y escandalosa que el sustento de la materia legal”.

Duarte de Ochoa se adelantó unas horas al anuncó del gobierno del panista Ángel Yunes Linares  de orden de apehensión en contra de su esposa Karime Macías.

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“El objetivo del denunciante, que en este caso es la Fiscalía General del Estado de Veracruz, es muy claro: Brincar la Elección, sin importar que suceda después. Sin embargo, es un país de leyes y de instituciones esto no es así”, advirtió el abogado.

Durante la semana pasada, una encuesta de Reforma confirmó un empate técnico entre el candidato de la coalición Morena-PT-PES, Cuitláhuac García Jiménez y el de la coalición PAN-PRD-MC, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual gobernador..

“Resulta hasta cierto punto lógico que los adversarios políticos utilicen en estos tiempos electorales todas las herramientas que tengan a su alcance para lograr sus objetivos políticos, llegando en ocasiones a transgredir la ley como los que hemos enfrentado en este proceso”, señaló.

El proceso que enfrenta su cliente, dijo, continuará pasando la elección del 1 de julio y está convencido que el derecho y la razón los asisten, pues su cliente es inocente por cuanto hace a las acusaciones formuladas en su contra.

“La Fiscalía General del Estado de Veracruz, ha falsificado documentos, fabricado pruebas y acusado a mi cliente y a su familia sin fundamento legal, valiéndose solamente de su posición institucional, sin embargo, esto tarde que temprano se cae como un castillo de naipes”, argumentó Sánchez Reyes Retana.

La defensa de Duarte de Ochoa informó que trabajan para derrumbar las acusaciones de la PGR y el Gobierno del Estado de  Veracruz.

“Debemos ceñirnos a una estrategia legal sólida (Teoría del Caso) sustentada en la ley, en la doctrina y en la jurisprudencia, sin dejarnos llevar por elementos ajenos al proceso legal, como podrían ser las cuestiones político-electorales.

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