- Considera que como contador de empresas de los prestanombres de Javier Duarte, conoció los actos ilegales
Por Víctor Hugo Arteaga
CIUDAD DE MÉXICO, .-El contador público Javier Nava Soria se presentará este lunes ante el Juez de Control y buscará aportar pruebas de su inocencia, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) insistirá que conoció las operaciones ilegales del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y sus socios.
Nava Soria fue capturado en España en abril del año 2017 y deportado a México el martes pasado, tras de que se venciera su permiso de internación en territorio ibérico y luego de que la Audiencia Nacional Española había negado dos veces su extradición.
El miércoles pasado un juez le dictó prisión preventiva y su defensa solicitó 144 horas para tratar de aportar pruebas que hagan cambiar de parecer al mismo juez que giró su orden de aprehensión, Gerardo Moreno García.
La PGR argumenta que Nava Soria como Comisario de las empresas Consorcio Brades SA de CV y Cine Libélula SA de CV, estuvo enterado de los manejos ilegales que se hicieron con fondos que provenían del estado de Veracruz.
Se configura el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) establece que Duarte y dos de sus supuestos prestanombres lavaron al menos 439 millones 662 mil 979.50 pesos en la venta de 300 hectáreas del Ejido Lerma en Campeche.
De acuerdo al informe de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Duarte de Ochoa junto con Moisés Mansur Cysneiros y Alfonso Ortega López, lograron capitalizar la venta de 300 hectáreas.
Tras lograr Mansur Cysneiros y Ortega López la calidad de “ejidatarios” en Lerma, Campeche, y luego de inscribir los terrenos en el Registro Público de la Propiedad de esa entidad, las parcelas fueron vendidas a Consorcio Brades Sociedad Anómima de Capital Variable y Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V.
Nava Soria estuvo dado de alta como Comisario de Consorcio Brades, encargada de comprar y vender las parcelas de Mansurs Cisneyros, el cliente del prestanombres del ex gobernador veracruzano
Ingresan dinero al sistema financiero del país
En su calidad de “vendedor” Mansur Cisneyros concretó la venta el 20 de diciembre del año 2013, como consta en la escritura pública 27 mil 181 y cuya operación fue realizada ante la Notaría Número 33 en el Estado de México.
Consorcio Brades consintió en pagar a Moisés Mansur la cantidad de 253 millones 300 mil 963 pesos, aunque la UIF detectó que sólo se han pagado hasta la fecha por esta operación 223 millones 800 mil 963.50 pesos.
Apenas seis días después, el 26 de diciembre del mismo 2013, Alfonso Ortega por su parte, concretó la venta de cuatro parcelas, 150 hectáreas en su caso, a la firma Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V.
La operación en esta ocasión fue realizada ante la titular de la Notaría Número 40 de Campeche, de acuerdo a la escritura pública 622-2013, documento en el que se pactó como precio de compra la cantidad de 224 millones 762 mil 560 pesos mexicanos.
En la misma escritura se establece que 77 millones 937 mil 16 pesos, fueron pagados con anterioridad a la celebración del contrato y que fueron depositados en las cuentas 014910920015657219 de Banco Santander y en la cuenta número 036180110000100166 de Banco Inbursa.
De esta forma la UIF de la SHCP logró determinar que las operaciones de estas parcelas se enajenaron simuladamente a un valor “desproporcionalmente alto”, para finalmente y mediante el empleo de personas morales, que presentan estrechos vínculos con las personas que participan en la posible organización delictiva, introducir al Sistema Financiero Nacional los 439 millones 662 mil 979.50 pesos.
De ellos, establece el reporte de la UIF, 223 millones 800 mil 963.50 pesos, fueron ingresados a las cuentas bancarias de Moisés Mansur Cysneiros, mientras que 215 millones 862 mil 15.50 pesos, fueron referidos a instrumentos financieros de Alfonso Ortega López, a partir de un complejo esquema de conductas ilícitas que generaron dichos recursos.
Los investigadores federales encargados de realizar las pesquisas, determinaron que en el caso de Moisés Mansur y la venta de 150 hectáreas a Consorcio Brades, se cobró un precio de 19 mil 434 por ciento mayor al que éste le pagó a los integrantes del núcleo ejidal en Lerma.
En el caso de Alfonso Ortega López, quien también pactó la venta de 150 hectáreas a Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios, éste infló en 20 mil 949 por ciento más el precio original en el que había sido adquirido.
El reporte de la UIF puntualiza que en este proceso se demostró que Consorcio Brades, que compró a Moisés Mansur Cysneiros 150 hectáreas, presenta características compatibles con las denominadas “empresas fachada”, pues no se advierte que desempeñe actividades de comercio reales.
Además Consorcio Brades carece de una estructura empresarial real, por lo que se concluye que sólo existe en el papel.
