(SPI / Gisela Uscanga).-   Organizaciones ambientalistas y habitantes de Alto Lucero y Actopan denunciaron que las mineras Caballo Blanco y El Cobre incumplen con las especificaciones de exploración que estipuló la Secretaría de Medio Ambiente y (Semarnat).

Ante ello, demandaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detener los trabajos de las factorías.

Comunidades de la región están en contra del establecimiento de las mineras, debido a que las exploraciones han impactado a la flora y a la fauna, así como al sistema hidrológico que alimenta a los manglares de La Mancha catalogados como sitio Ramsar.

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También les preocupa que el Gobierno Federal haya autorizado a las compañías canadienses el uso de explosivos para la exploración dentro del perímetro de 16 km del Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE) de la Planta Nuclear Laguna Verde (PNLV).

Pese a que la figura de servidumbre legal de la reforma energética y la Norma Oficial Mexicana (NOM) 120, no contemplan la consulta ciudadana, pisoteando el derecho humano a un ambiente sano; los pobladores advirtieron que defenderán con sus vidas su tierra, al tiempo de exhortar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se pronuncie a favor del patrimonio ambiental de Veracruz.

El integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio González Almazán calificó como aberrante la NOM 120 realizada por la Cámara de Minería de México.

“La NOM 120 permite hacer trabajos de exploración sin ningún tipo de consulta, pues según la Cámara la exploración no genera afectación, de allí que la Semarnat permita los trabajos de exploración”, expuso.

Precisó que el pasado 7 de abril, el delegado en Veracruz de la Semarnat, José Antonio González Azuara autorizó el documento resolutivo que autoriza a Caballo Blanco iniciar la exploración en el cerro La Paila, en el municipio de Alto Lucero.

De acuerdo a información oficial, el Informe Preventivo presentado por la empresa contempla la barrenación en 7 puntos diferentes en un terreno de 88 hectáreas; sin embargo, para el proyecto con clave 30VE2016MD097, sólo se estima el trabajo en 175 metros cuadrados.

De acuerdo al oficio SGPARN.02.RA.0395/17 de la dependencia federal, la minera está obligada a cumplir únicamente trabajos de exploración con una perforación entre los 150 a 500 metros de profundidad.

Lavida, no obstante, cuenta con documentación que presentarán por segunda ocasión ante la Profepa, donde señalan que las empresas han hecho caso omiso a las especificaciones de la Semarnat para la exploración. La primera denuncia fue interpuesta en el 2013, sin respuesta positiva al día de hoy

“Las empresas mienten a la Semarnat, pues están haciendo más barrenos de los que contempla el estudio y a profundidades de hasta 1000 metros y mienten a la Profepa, que ha hecho algunas visitas a sitios que las mineras seleccionan sin afectación”, refirió.

El activista ambiental no entiende por qué el Gobierno Federal autorizó la exploración con explosivos dentro del perímetro de 16 km del Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE) de la Planta Nuclear Laguna Verde (PNLV).

“La concesión otorgada a las mineras es por 15 años y durante ocho estarán utilizando 14 toneladas de explosivos diarios; esto sin duda altera el ecosistema de manera irreversible. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tiene que pronunciarse a favor del patrimonio ambiental”, manifestó,

Argumentó que en los municipios de Actopan y Alto Lucero tienen zonas de alta sensibilidad ambiental.

“Se ha perdido cobertura vegetal por la brecha de caminos. En los cerros de La Paila y La Cruz hay robles, sauces, comezuelo, higueras, guácimas, guanacastes, encinos, cocuites, helechos, palmas y otras especies.

También fauna endémica como el venado cola blanca, tlacuaches, armadillos, coyotes, tejones, tuzas, zorras y al menos 432 especies de aves, desde garzas, halcones, gavilanes, choros, patos, colibríes y loros.

Emilio González explicó que también se ha afectado el flujo de agua que alimenta los manglares ubicadas en las costas del Golfo de México, protegidos a nivel internacional como sitio Ramsar, así como el paso de la migración en otoño de aves rapaces más grande del mundo.

“La exploración es la antesala de la explotación, aunque argumenten lo contrario; por eso Lavida continua realizando jornadas de información y organización para la defensa de la región, ya que el área de influencia de dichos proyectos abarca 37 localidades y cerca de 10 mil habitantes”, finalizó.

A pesar de la oposición de la población y suspensiones durante los últimos cuatro años a las empresas Candelaria Mining Corp y de Almaden Minerals, la Secretaría de Economía (SE) les concesionó más de 50 mil hectáreas de exploración en los municipios de Alto Lucero y Actopan.

Caballo Blanco (subsidiaria de Candelaria Minin) reclama 13 títulos de concesión minera con un área de 19,823.75 hectáreas, mientras que El Cobre (subsidiaria de Almaden Minerals) reclama 8 títulos de concesión minera con un área de 7,456.4 hectáreas.

Habitantes exigen consulta pública

Ascensión Sánchez Vázquez, recordó que los ciudadanos Miguel Leal Ortiz, Emilio Montiel Noguera, Ascensión Leal Cervantes y Fidel Leal Báez del municipio de Actopan, enviaron un oficio el 20 de abril de 2016 a la Semarnat rechazando el Informe Preventivo de Caballo Blanco por posibles afectaciones, al tiempo de solicitar una consulta pública.

“A pesar de eso la Semarnat el pasado abril autorizó los permisos de exploración. En asambleas ejidales, las comunidades de San Juan Villa Rica, El Porvenir, Los Baños, Tinajitas, Villa Rica nos declaramos territorios libres de actividad minera”, puntualizó.

Dijo que hace dos semanas pobladores de El Porvenir y Los Baños cerraron paso a trabajadores de Caballo Blanco y El Cobre  por realizar obras sin el consentimiento de los propietarios.

“De finales de 2016 a la fecha llevan realizados más de 50 trabajos de barrenación utilizando 14 toneladas de explosivos cada día a menos de 400 metros de distancia de los poblados de Otital, La Luz, Porvenir y Los Baños”, precisó.

Asencio Sánchez aseveró que están dispuestos a defender sus tierras con la vida misma.

“La gran biodiversidad nos permite practicar la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo y la gastronomía. Dijeron (las empresas) que traerían trabajo y sólo han empleado a 20 personas para abrir brechas en el campo, cuando somos miles los que vivimos en la región.

“Hace siete años manantiales y pozos nos surtían de agua en época de estiaje, hoy ya no dan nada. Los  barrenos han afectado el suministro del agua que tanto usamos para nuestros cultivos y el ganado”, acotó.

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