Los presidentes municipales de Alto Lucero, Felix Manuel Domínguez Lagunes y de Actopan, Esteban Alfonseca Salazar han engañado a su pueblo, y en plena recta final de sus administraciones han expedido todos los permisos necesarios las compañías mineras de Canadá para que hagan de esa zona una mina a cielo abierto poniendo en riesgo la salud de los pobladores.
Si bien, las autoridades federales y estatales hicieron un débil intento por frenar los trabajos de explotación, por el contrario las autoridades municipales han dado todas las facilidades y simulan la explotación de mineral como una simple “excavación y exploración”.
La existencia de la mina El Cobre I, II y III es un indicador de que Caballo Blanco sigue avanzando, no se logró paralizar y para la etapa que de exploración de éste proyecto ya se han hecho barrenos en toda una comunidad de Actopan, con lo que viola derechos humanos por parte de la empresa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señaló Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).
En ese sentido consideró que el proyecto ha estado avanzando en las localidades, “tenemos conocimiento que han dejado la comunidad de San Juan Villa Rica, cerca de Tinajitas, y han desplazado su maquinaria a la zona de El limón y El Viejón, esto por el resolutivo último que dio la Semarnat”,
Rodríguez Almazán sostuvo que junto con las comunidades, Lavida ha llevado campañas de información para que se logre, por una parte, que el ayuntamiento de Actopan se declare libre de minería metálica, en específico de cobre, oro y plata.
De tal forma, lo que sólo estaba considerado un proyecto en el cerro La Paila se ha extendido y ha comenzado a afectar a poblaciones vecinas, que ven ir y venir camiones personal, escuchan detonaciones, así como en ocasiones les llegan olores raros, provenientes de los químicos utilizados para los trabajos de extracción del material.
Mientras tanto los alcaldes de Alto Lucero, Felix Manuel Domínguez Lagunes y de Actopan, Esteban Alfonseca Salazar preparan el cierre de sus administraciones dejando todos los permisos necesarios a las empresas mineras sin hacer caso a la regulación ambiental federal ni estatal.
