Roberto Valerde García
Poza Rica, Ver.- La zona de Poza Rica será prioritaria para las administraciones tanto del próximo gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como para la del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dará atención pronta y especial a la población vulnerable, adultos mayores, indígenas y a las zonas de emergencia, no sólo por la necesidad social, sino también por la violencia que se vive en el norte del estado, de ahí la prontitud con la que hay que actuar para generar un ambiente de tranquilidad y evitar que se den fenómenos tan graves como los que actualmente se padecen y por todos conocidos.
Así lo manifestó en entrevista exclusiva con Grupo Noreste, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz y próximo coordinador estatal de Programas Integrales de Desarrollo, quien aseguró que la de Poza Rica es una zona que “echaron a perder” con estas ideas del fracking y celebró que el presidente y el gobernador electos se declaren anti fracking porque se trata de una práctica ambientalmente nociva.
Huerta Ladrón de Guevara aseguró que en dicha zona del estado hubo mucha corrupción, embaucamiento a la población, proyectos que no se llevaron a cabo y hoy se requiere de atención pronta y especial para que se generen ambientes acelerados que permitan el rescate de esta importante región de Veracruz.
El líder político negó que haya “huertistas” y que él esté apoyando a uno o varios de sus incondicionales para ocupar cargos en el gobierno estatal o federal. Asimismo sostuvo que mantiene una relación cordial y de respeto “con Cuitláhuac y con Andrés Manuel”.
En una charla de casi una hora, franco, abierto, sin máscaras, Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que durante el próximo gobierno federal el “desarrollo social” mutará en “bienestar” de los ciudadanos basados en estándares internacionales. De igual manera dijo que “ya chole” con eso de “bajar recursos”, porque ya no se van a bajar recursos, debido a que mediante este procedimiento hubo mucha corrupción, desvíos de recursos y malos manejos.
Indicó que de un presupuesto federal anual de 5.8 billones de pesos, solamente 550 mil millones se dedican a proyectos de inversión, de ahí la necesidad de realizar diversas reformas a la Constitución, como a leyes secundarias a fin de que: la corrupción, violaciones a la ley electoral y el huachicoleo sean delitos “altamente graves” y quienes los cometan no puedan ser liberados con el depósito de una garantía; eliminar todos los fueros constitucionales, establecer la revocación de mandato e implementar mecanismos de austeridad presupuestal, lo que permitirá que sin aumentar impuestos y sin endeudar más al país, haya más recursos para invertir en el bienestar de las familias mexicanas.
A pregunta expresa, negó que los 32 delegados de Programas Especiales vayan a servir de contra peso a los gobernadores, mucho menos un “embudo” para que los recursos federales lleguen a las entidades y justificó que más bien serán “chalanes” de la nación, porque asumirán dichos cargos para servirle al pueblo.
