La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló al expresidente Enrique Peña Nieto por operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente llamado “lavado de dinero”, al detectar transferencias internacionales por 26 millones de pesos a finales de 2021, es decir tres años después de dejar el cargo.
El delito operaciones con recursos de procedencia ilícita no amerita la prisión preventiva oficiosa, de modo que existen muy pocas posibilidades de que el exmandatario pudiera ser recluido, en caso de que la Fiscalía General de la República avance con la denuncia a cargo de Pablo Gómez, titular de la UIF.
De acuerdo con el Código Penal federal en su artículo 400, de comprobarse la culpabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las penas van desde los cinco a los 15 años de prisión, y en caso de ser cometidas por funcionarios públicos puede aplicarse una inhabilitación para volver a ocupar un cargo por el período que fije el juzgador.
Sin embargo, los especialistas señalan que este delito es muy difícil de comprobar en México y que alrededor del 97% de los imputados por estas faltas terminan siendo declarados inocentes.
La respuesta de Peña Nieto fue casi inmediata y expresó que las autoridades deberán darle la oportunidad de demostrar la legalidad de esas transferencias y también aclarar cualquier especulación sobre su patrimonio.
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia” escribió el mexiquense en sus redes sociales tan solo unas horas después que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la investigación en su contra.
Luis Gerardo del Valle Torre, académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la gran mayoría de los acusados por lavado de dinero son encontrados inocentes debido a la incapacidad de los ministerios públicos para acreditar el delito.
Durante el II Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal realizado en octubre de 2021, el especialista de la UNAM resaltó la eficacia de las fiscalías, pues solo en un 3% de los casos la persona acusada recibe una sentencia condenatoria.
De modo que la justicia mexicana no es muy eficaz atendiendo el lavado de dinero, pues la gran mayoría de los imputados son puestos en libertad debido a que no existen pruebas suficientes para acreditar culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Apuntan los reflectores hacia Peña Nieto
Esta sería la primera acusación legal de carácter formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción durante su gobierno de 2012-2018. López Obrador hizo de la lucha contra la corrupción el asunto principal de su gobierno, pero no había actuado contra ninguno de sus predecesores.
La denuncia penal presentada contra Peña Nieto por la Unidad de Inteligencia Financiera no significa que los fiscales hayan decidido presentar cargos formales, pero el jefe de la unidad, Pablo Gómez, dijo que los fiscales federales recibieron la denuncia por uso de fondos ilícitos y que están investigando.
Gómez aseguró el jueves que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente. No mencionó el nombre de las empresas, pero dijo que eran una especie de distribuidora, y que el expresidente era accionista.
