Preocupación y desacuerdo provocó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que blinda sus obras de infraestructura como el tren maya o la refinería, puesto que es violatoria a diversas leyes, transgrede facultades de otros poderes, sobre todo, incentivará la corrupción.

El presidente del CCE, Carlos Salazar, afirmó que el acuerdo presidencial de proyectos y obras vulnera el Estado de Derecho, por lo que externó su rechazo, al no estar debidamente fundamentado ni motivado, al “exceder la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo. Asimismo, puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción”.

A través de un comunicado, el organismo privado dijo que al equiparar los proyectos federales a este régimen, evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.

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Señaló que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley.

No obstante, el CCE refirió que el acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

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