El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) crítico el decreto de austeridad y la iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que envió el Ejecutivo al Congreso, al calificar la primera medida como anticonstitucional y la segunda como “ambigua e inapropiada”.

Por el contrario, recomendó que antes que modificaciones a la Ley se cree un Consejo Económico de Emergencia similar al Consejo General de Salubridad, a fin de que con la participación del gobierno y de los organismos pertinentes de la sociedad sean quienes decreten de manera colegiada cuando hay una emergencia económica.

Incluso, propuso retomar su propuesta de crear un Consejo Fiscal Independiente, que tenga la capacidad de analizar y hacer recomendaciones sobre la política fiscal y sobre el uso de los recursos públicos, porque las atribuciones discrecionales para el manejo del gasto que pretende el Ejecutivo son enormes.

Sobre el decreto de austeridad, en su análisis semanal, el CEESP consideró que la reducción voluntaria de 25% de manera progresiva en los salarios de subdirector al presidente y cancelar aguinaldos y cualquier prestación “además de ser anticonstitucional es un severo golpe a la economía familiar”.

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Del mismo modo, apuntó que la decisión de no ejercer 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros seguramente traerá consigo mayores problemas a los proveedores del sector público, que sin duda seguirán sufriendo retrasos en sus pagos, agudizando el problema de liquidez que ya se da en el empresariado.

La medida de austeridad tendría como objetivo blindar programas sociales y proyectos prioritarios, pero “muy probablemente operará en contra de la subsistencia de las pequeñas y medianas empresas del país y del empleo que generan”.

Respecto a la iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto, el organismo la considera “ambigua e inadecuada”, pues en caso de que se presenten emergencias económicas la Secretaría (de Hacienda) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias.

Sin embargo, la constitucionalidad de la iniciativa de reforma a la LFPRH no es clara y ha sido cuestionada por diversas fracciones políticas y por la sociedad civil, porque le daría al Ejecutivo autoridad total, a través de la Secretaría de Hacienda, para disponer de los recursos presupuestarios con mucho mayor discrecionalidad de la que ya existe en la asignación de recursos. El Ejecutivo asumiría la función del Poder Legislativo, señaló.

Recordó que la ley ya da facultades amplias al gobierno para hacer adecuaciones a los presupuestos de los diversos ramos para enfrentar las emergencias, por lo que no hay necesidad de llevar a cabo una reforma como la que se presentó.

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