El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con la cual quedaría prohibida la subcontratación de personal y sólo se podrían tercerizar servicios especializados. En términos generales, especialistas ven con buenos ojos la propuesta, aunque advierten una sobrerregulación de este esquema que podría ser regresivo.

La regulación de la subcontratación ha sido uno de los temas que ha marcado la agenda laboral del gobierno federal en las últimas semanas. Las autoridades han señalado que la simulación del outsourcing ha afectado los derechos laborales, las finanzas públicas y a los propios empresarios de tercerización que sí cumplen con la ley. En ese contexto, el titular del Ejecutivo impulsó una reforma que busca poner reglas más claras para la operación de este esquema.

“En términos generales, la iniciativa de reforma es positiva, porque extingue la subcontratación laboral que erosionó de manera importante y precarizó las relaciones laborales en el país”, expone en entrevista Óscar de la Vega, director de la firma De la Vega & Martínez Rojas Abogados.

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El proyecto oficial, añade el especialista, pone fin a la simulación que afectaba a los trabajadores en sus derechos laborales. Desde su perspectiva, no deja inoperante la tercerización, pues la subcontratación podrá seguir usándose, siempre y cuando se trate de un servicio especializado y no se cubran las actividades esenciales de la empresa.

En esa misma línea, Manuel Fuentes, abogado laboralista y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), opina que lo más relevante de la reforma es el cierre de puerta a la subcontratación laboral. “Es el punto esencial de la reforma. De aprobarse esta iniciativa, las empresas que se han servido de la subcontratación para eludir responsabilidades recuperarían su calidad de patrón”, puntualiza.

A la vista del también integrante del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, la propuesta del Ejecutivo evitará que haya trabajadores en el limbo y se pueda identificar con claridad quién es el patrón. “Se creará otro tipo de forma de reglamentar las relaciones laborales, no es un complemento del esquema actual, hay un cambio radical en el tema al desaparecer la figura de la subcontratación laboral”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que en México a 2.9 millones de trabajadores contratados en un esquema de outsourcing ilegal. La titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, ha comentado que en algunos centros de trabajo se ha detectado a más de una empresa de subcontratación suministrando toda la plantilla laboral.

Para Carlos Ferrán, socio director de Ferran Martínez Abogados, la propuesta llega en el sentido que se esperaba: prohibir la subcontratación de personal, sin limitar la de servicios.

“Yo no diría que es la desaparición del outsourcing, es la desaparición de un tipo de outsourcing, que es la subcontratación de personal, una contratación donde a través de un tercero contrato lo que forma parte de mi objeto social. Si soy una firma de contadores y subcontrato a los contadores, eso es subcontratación de personal”, comenta.

Claroscuros de la reforma

Así como hay aspectos positivos, la iniciativa también tiene claroscuros que los especialistas sugieren debatir a profundidad y ponerles atención detallada, para que la reforma cumpla con su propósito y no se sobrerregule la figura.

La reforma considera la creación de un padrón de empresas del sector y la STPS será la dependencia que autorizará la operación de las firmas de subcontratación. Si se pretende usar este registro como una herramienta que facilite la regulación, debe complementarse con el fortalecimiento de las inspecciones, considera Manuel Fuentes.

“La inspección es otro de los puntos que tendrían que fortalecerse. Para una iniciativa de esta naturaleza, al desaparecer la subcontratación laboral, tendría que crearse un grupo de inspectores especializados en la materia, para estar vigilando que las relaciones laborales se establezcan respetando las nuevas reglas”, opina el especialista de la UAM.

Y aunque la intención de contar con un padrón de empresas de subcontratación es buena, Óscar de la Vega afirma que puede ser contraproducente, porque representa más carga burocrática. “Habrá una burocracia inmensa, porque todas las empresas cada tres años van a tener que inscribirse y, desafortunadamente, ante mayor burocracia, lo que se genera es corrupción en torno a los trámites burocráticos que se vuelven a hacer”, explica.

Impacto directo en la competitividad

Otro riesgo de la sobrerregulación es el impacto en la competitividad del país y, por lo tanto, en la generación de empleo, advierten los especialistas consultados.

Carlos Ferran subraya que muchos micro y pequeños negocios en el país tiene en la subcontratación la única alternativa para generar empleo. “Es una iniciativa alineada a lo que esperábamos, pero con riesgos importantes sobre todo para la generación de empleo, porque independientemente de los abusos que se han cometido con esta figura, eso es indiscutible, el outsourcing es un generador de empleo importante y de repente, en estas formas de ver el derecho laboral tan extremo, se nos olvida que a veces la subcontratación es la única forma que tiene una microempresa para dar empleo”.

El especialista enfatiza que la subcontratación no ha carecido de regulación, pues la LFT ya contempla candados, la simulación es resultado de una falta de inspección durante años. “Lo que ha faltado es una inspección de trabajo que realmente se ponga a revisar los esquemas, una inspección con presupuesto y con más inspectores que le entre a revisar el tema. No me parece que sea necesario endurecer más la Ley, que ya de por sí es inflexible”.

Por otra parte, Óscar de la Vega subraya que la iniciativa le restaría competitividad a las empresas, porque al prohibir la subcontratación laboral, se cierra la puerta al modelo del insourcing, el cual no ha sido usado para evadir la seguridad social o las prestaciones, pero sí el pago de reparto de utilidades y su 10% que, explica, sumado al impuesto corporativo y los dividendos, lleva a las empresas a perder hasta 47% de las ganancias.

Desde su punto de vista, el reparto de utilidades no es malo, pero el porcentaje vigente actualmente, es el mismo de hace 35 años, cuando las condiciones económicas del país eran distintas.

“A nivel internacional, cuando las leyes laborales se vuelven más restrictivas y con mayor rigidez, se genera mayor informalidad; a mayor flexibilidad, se genera más empleo formal. Ante lo complicado del entorno económico y el nuevo 10% que pagarán de utilidades, sumado al incremento en sus contribuciones —como las pensiones—, las empresas pueden buscar alternativas que aumenten la informalidad, como contratos de prestación de servicios o asimilados a salarios”.

En ese sentido, considera importante complementar la reforma con una disminución del impuesto corporativo, o bien, incrementar la deducibilidad.

Empresarios piden diálogo

Tras conocer el contenido de la propuesta presidencial, líderes empresariales se pronunciaron a favor de un diálogo con las autoridades para encontrar soluciones en conjunto para la subcontratación ilegal.

“El diálogo debe ser abierto y formal. Es un tema serio y no beneficia al país, ni a las empresas ni a las industrias pensar únicamente en grupos privados. Lo que debemos de pensar y atacar es la subcontratación ilegal, aquélla que no paga impuestos, que roba, que engaña al trabajador, a las empresas y al gobierno, falseando datos para pagar la mitad de lo que debe pagar”, afirma Ramón Beltrán, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Considera que la postura del gobierno por regular la subcontratación es entendible en el sentido de proteger a los trabajadores y esa es una labor en la cual el sector empresarial debe apoyar. Pero también, dijo, hay que proteger a los patrones que a través de la subcontratación han logrado otorgar beneficios superiores a los de ley a la fuerza laboral.

Por ello, el también presidente de la Comisión de Industria 4.0 de la Concamin afirma que debe haber una discusión más profunda en torno al tema, para evitar que los trabajadores pierdan beneficios que representen un gasto en su vida diaria.

Mientras tanto, en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció que la subcontratación ilegal, la que atenta contra los derechos de los trabajadores, debe erradicarse, Sin embargo, a través de un comunicado consideró que la propuesta del Ejecutivo no contempla los consensos alcanzados en el parlamento abierto en el Senado para discutir la regulación de esta figura.

“Una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos para la economía, no sólo se perderían empleos, también se podrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, aeroespacial, electrónica y el sector minero hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal”, advirtió el organismo empresarial.

Al resaltar los beneficios de una subcontratación apegada a la ley, el CCE hizo un llamado a los legisladores a convocar a un nuevo parlamento abierto en el que el sector privado pueda expresar sus puntos de vista y preocupaciones en torno a la iniciativa.

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