Este año, los gobiernos estatales destinarán de sus presupuestos 57 mil 151 millones de pesos para pagar a los bancos los intereses, gastos y comisiones asociados a sus deudas.

Ese monto es mayor al presupuesto de 40 mil millones de pesos que el gobierno federal asignó este año a su programa estrella Jóvenes Construyendo el Futuro, que se propone becar a 2.3 millones de jóvenes con tres mil 600 pesos mensuales.

Además, esa cantidad de recursos representa 2.6 por ciento del presupuesto total de los estados para este año, y que pasará a las cuentas de la banca comercial

Este año, los estados destinarán también 28 mil 878 millones de pesos para la amortización de sus deudas. Esto quiere decir que de cada 100 pesos que presupuestan para el pago de sus deudas, 66 pesos son ganancias para los bancos.

Coahuila, Quintana Roo y Sonora son las entidades con mayores cargas financieras, pues más de seis por ciento de su presupuesto total es para el pago de los intereses y cobros de sus deudas con los bancos.

Jorge Sánchez Tello, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), explica que la deuda de los estados resulta particularmente rentable para los bancos a pesar de que les prestan a tasas muy competitivas.

Los intereses que pagan las entidades por dicha deuda —dice— van de acuerdo con los estándares internacionales, con tasas de interés menores a siete u ocho por ciento.

“México no tiene un problema de sobreendeudamiento en los estados, la deuda sólo representa aproximadamente tres por ciento del PIB, por lo que la banca puede seguirles prestando, (…) ya depende de los estados utilizar esos recursos de forma responsable”, dice.

DEUDA ETERNA

Actualmente, la banca múltiple es la acreedora de 57 por ciento de la deuda estatal, el resto se reparte entre la banca de desarrollo y emisiones bursátiles.

Según expertos, la deuda estatal es para los bancos una apuesta de bajo riesgo, pues las fuentes de pago son generalmente las Participaciones Federales, recursos asegurados que el gobierno federal les entrega año con año.

Con la adquisición de Banco Interacciones por parte de Banorte en 2018, este grupo se convirtió en el principal jugador dentro del mercado de deuda subnacional junto con el primer banco de México, BBVA.

Según declaró en su momento el director general de Banorte, Marcos Ramírez, la adquisición de Interacciones se dio precisamente para ampliar su participación en el segmento de financiamiento a la infraestructura subnacional.

En el caso hipotético de que los estados continuaran con el actual ritmo de pago de intereses y poca amortización, algunos tardarían más de 50 años en saldar sus deudas.

Por ejemplo, Coahuila, que aún arrastra un elevado endeudamiento heredado por la administración del priista Humberto Moreira. En el escenario supuesto de que amortice su deuda como lo hace, y que no contrate más, le quedan 325 años de pago.

Le siguen Durango con 125 años, Campeche, con 79, y Tamaulipas, con 65. En el caso de Chihuahua la situación es todavía peor, pues este año, de los tres mil 177 millones de pesos programados al pago de su deuda no destinó ni uno para la amortización. Ante las condiciones de insolvencia, el gobierno estatal recientemente debió solicitar la reestructura de sus compromisos financieros.

De acuerdo con un reporte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) publicado en marzo pasado, desde que entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera en 2016, las entidades federativas han disminuido su deuda per cápita y sus niveles de endeudamiento. Sin embargo, el incremento de tasas de interés del Banco de México durante 2018 y 2019 aumentó el costo del servicio de deuda, lo que deterioró la perspectiva de algunos estados.

“Habrá menos recursos disponibles para programas sociales o las entidades federativas tendrían que incrementar impuestos para mantener su nivel de gasto”, detalla el organismo.

“Para una menor afectación social, los estados con mayor incremento en servicio de deuda potencial podrían hacer ajustes a su presupuesto o recurrir a una reestructuración que disminuya la tasa de interés. Estos ajustes requieren considerar el presupuesto en pensiones, educación, salud, seguridad y combate a la pobreza”, alertó el reporte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

El Sol de México consultó sobre el tema a Banorte, BBVA y Santander, pero ninguno respondió a la solicitud de información, argumentando que no contaban con voceros para el tema.

Con información de Juan Luis Ramos

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