El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) reveló que en los primeros cuatro meses del año el costo total por el subsidio a los combustibles fue de 85 mil millones de pesos, por lo que la medida podría poner en riesgo las finanzas públicas, mientras que el gobierno federal continúa privilegiando el gasto social hacia objetivos políticos y electorales.
El CEESP afirmó que el manejo de las finanzas públicas continúa siendo determinado por los objetivos políticos del gobierno, a costa de otras necesidades sociales evidentes, como mejorar las condiciones de la educación después del cierre de escuelas, la escasez de medicinas y las enormes deficiencias del sector salud, la precaria situación de la seguridad pública o reactivar la inversión en la deficiente infraestructura pública, se continúa privilegiando el gasto hacia objetivos políticos.
El CEESP aseguró que los rubros preferidos tienen características electorales más que evaluaciones que los justifiquen, por ejemplo, destacó que el gasto programable del sector público en bienestar reportó un incremento anual de 44.8% y turismo que lo hizo en 207%. El primer caso se explica por la creciente cantidad de recursos destinada a los programas asistenciales del gobierno federal, y el segundo refleja principalmente el gasto destinado al Tren Maya.
Mientras que el gasto en los primeros cuatro meses de este año en salud se contrajo 16.2 por ciento, en educación 23.6 por ciento y en Seguridad Pública y Protección Ciudadana 0.9 por cinto.
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En este último la disminución en abril fue de 22.6 por ciento anual.
En este sentido el organismo que depende del CCE, advirtió que el subsidio al precio de los combustibles, gasolinas y diésel, que ha seguido el Gobierno federal.
Además de altamente regresivo -beneficia a los que menos lo necesitan- dispone de una elevada cantidad de recursos que podrían canalizarse a programas y proyectos más rentables socialmente.
