El gobierno de México discrimina en forma “abrumadora” a empresas privadas para apoyar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), recriminaron 40 legisladores federales estadounidenses.

Por ello, los legisladores instaron a la administración del presidente Joe Biden a redoblar sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las “acciones discriminatorias” y brinden a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México un campo de juego nivelado, como lo prevé Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mensaje fue dirigido a través de una carta a Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca; Anthony J. Blinken, secretario de Estado, Gina M. Raimondo, secretaria de Comercio, y Jennifer M. Granholm, secretaria de Energía.

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“Escribimos para expresar nuestra grave preocupación por los informes sobre los esfuerzos cada vez mayores del Gobierno de México para excluir a las empresas privadas de su sector energético en contravención de sus compromisos internacionales, incluido el T-MEC”, se lee en la misiva.

Argumentan que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el objetivo explícito de brindar un trato preferencial a las empresas energéticas nacionales de México, Pemex y la CFE, “en directa contradicción con el T-MEC, que su propia Administración negoció y firmó”.

Los legisladores cuestionaron que administración de López Obrador y su partido (Morena) han defendido los esfuerzos regulatorios y legislativos que los tribunales mexicanos han dictaminado que son anticompetitivos y perjudiciales para el medio ambiente.

Como tales, agregaron, también son perjudiciales para la inversión estadounidense, los trabajadores estadounidenses y el compromiso de América del Norte con la sostenibilidad, todos los cuales son conceptos protegidos por el T-MEC.

Arguyeron que en las últimas semanas se han intensificado las acciones de ejecución discriminatorias y arbitrarias. A través de lo que parece ser un uso selectivo de la autoridad, han obstaculizado explícitamente, y en algunos casos bloqueado por completo, la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles de México.

Según informes de los medios, el gobierno mexicano ha suspendido los permisos de varias terminales de almacenamiento de combustible de propiedad estadounidense, mientras utiliza a la Guardia Nacional para forzar el cierre de 23 instalaciones relacionadas con el combustible, como sitios de almacenamiento, y el cierre parcial de otras 171.

“Estas acciones son sólo las últimas de un esfuerzo amplio y arrollador destinado a sofocar la competencia del sector privado”, dijeron.

En junio, la autoridad tributaria de México modificó las Reglas Generales de Comercio Exterior, prohibiendo a las empresas obtener o renovar los permisos de tres años que se requieren para que las terminales de combustible sirvan como puntos de entrada y salida de hidrocarburos.

La misma agencia suspendió en julio a 82 empresas del comercio de combustibles por presuntas violaciones fiscales.

Mientras tanto, sólo entre el 20 de diciembre de 2020 y el 15 de julio, la Secretaría de Energía de México canceló 1,866 permisos para la importación y exportación de gasolina, diésel, gas LP, jet fuel, fuel oil y crudo.

Al 20 de septiembre, sólo 97 de los 1,954 permisos otorgados a empresas privadas estaban activos en México.

Tras indicar todas estas cifras, los legisladores expresaron: “Tal acción descarada en contravención de la legislación existente tiene implicaciones significativas para las empresas y los trabajadores estadounidenses”.

En 2019, la industria del petróleo y el gas natural respaldó directa o indirectamente 11.3 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y tuvo un impacto económico nacional de casi 1.7 billones de dólares.

En 2020, México fue el mercado de exportación más grande de productos petrolíferos de Estados Unidos, representando 12% de todas las exportaciones, así como un mercado en crecimiento para el gas natural.

Dentro de México, se reconoce que las políticas proteccionistas tienen costos significativos. La carta refiere que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México ha expresado su “profunda preocupación” por los “obstáculos a la importación de gasolinas para proteger artificialmente a Pemex”.

La participación del sector privado conduciría a “una restricción artificial e injustificada de la oferta de bienes y servicios, perjudicando a los consumidores mexicanos”.

Basado en parte en los planes de expansión de CFE, el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico de Energía (Prodesen) del gobierno mexicano reconoce que México no cumplirá con sus metas de generación de energía limpia.

En 2024, solo 32% de la matriz eléctrica de México tendrá fuentes limpias, por debajo de 35% de participación que México se había comprometido para ese año.

“Favorecer a Pemex también podría causar que México viole el IMO2020 de la Organización Marítima Internacional y otros compromisos ambientales internacionales, debido al alto contenido de azufre en el fueloil de Pemex.

“También la CFE ha reconocido su elección de utilizar este mismo fuel oil sobre gas natural en plantas de energía cercanas a las ciudades más grandes del país, como en la planta de Tula que proporciona hasta 20% de la electricidad de la Ciudad de México”, dijeron los legisladores.

Para ellos, “la abrumadora lista de acciones discriminatorias hace tiempo que pasó el punto de ‘simplemente’ plantear serias preguntas sobre los compromisos del presidente López Obrador con la letra y el espíritu del T-MEC”.

“De hecho, sugieren que el gobierno mexicano está intentando de manera proactiva promulgar políticas y tomar acciones que violen y socaven el Tratado”, concluyeron.

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