La polémica reforma eléctrica, que obstaculiza la actividad de las empresas de renovables y extranjeras y que ha sido suspendida por el Poder Judicial, aplazaría indefinidamente hasta 4 mil millones de dólares anuales de futuras inversiones en energía limpia.

En “circunstancias normales”, México captaría 2 mil millones de dólares anuales en proyectos de energía eólica y otro tanto en solar y fotovoltaica para cumplir con su meta de transición energética hacia 2025, explica a Efe Ramón Fiestas, presidente del Global Wind Energy Council (GWEC) para Latinoamérica.

“El hecho de que no se puedan desarrollar los proyectos porque no exista una voluntad de dar continuidad a la política de inversiones en el sector de las energías renovables tiene una implicación evidente y es una pérdida de inversión”, asegura.

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Reforma paralizada

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, promulgada hace un mes, elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Los dos juzgados federales especializados en competencia económica suspendieron de forma indefinida la reforma el mes pasado y esta semana varios senadores presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El amparo del juez es “para favorecer a empresas de la industria eléctrica, empresas que pagan menos por la electricidad que lo que pagan los ciudadanos en sus domicilios”, insistió este viernes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

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