La legalización de los autos ilegales prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir del próximo sábado, representa un “premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando”, sostuvo la industria automotriz, quien alertó de afectación al empleo formal, golpe al comercio establecido y la devaluación en 20% del valor de los autos nacionales.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) lamentó que la propuesta de regularización de vehículos ilegales que dio a conocer el Jefe del Ejecutivo no sólo se limitará a los siete estados fronterizos con Estados Unidos, sino que lo ampliará a todo el país, situación que “lejos de limitar el problema lo hará más grande”.

A través de un comunicado, el sector distribuidor de autos afirmó que la inminente legalización de “chocolates” provocará una baja en el valor de hasta 20% de las unidades de mismo año-modelo nacionales, por la sobreoferta que se generará.

Comentó que el propietario al ver que su unidad usada cuesta menos decidirá posponer su venta o retardar su renovación, afectando aún más la cadena de comercialización de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo por uno nuevo.

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“El presidente López Obrador anunció que este sábado 16 de octubre firmará un decreto para legalizar el contrabando automotriz, esto representará un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del Covid-19 y la crisis de los semiconductores”, reprochó Guillermo Rosales, director de AMDA.

La introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo representan 19 procesos de regularización entre 1979 y 2011, apuntó el directivo.

Recordó que desde el 29 de junio del presente año, se le solicitó al Jefe del Ejecutivo una audiencia para explicarle las repercusiones de su propuesta que anunció originalmente desde 27 del mismo mes en Baja California.

Durante julio y agosto la importación legal de vehículos usados crecieron 69.8 y 84.9%, respectivamente, que se traduce en 5,655 y 6,493 unidades adicionales, respectivamente; mientras que la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve, denunció Rosales.

“Resultado de esto es que el fenómeno de los vehículos ilegales no disminuyó, sino que ahora es más evidente que nunca ver ese tipo de unidades circulando en toda la frontera ante la omisión de las autoridades, incluso algunos de éstos siendo del segmento de lujo y deportivos que nada tienen que ver con la justificación social que organizaciones afirman para su regularización por apenas una cuota y sin pagar los impuestos que realmente ayudarían a mejorar sus condiciones de vida”, acotó.

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