La iniciativa privada y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han alcanzado un nuevo nivel de alta tensión. ¿El motivo? la reciente política para la operación del sistema eléctrico del país y sus consecuencias para la industria renovable.

Desde su llegada al poder federal, la actual administración no ha ocultado su desagrado por la producción eléctrica de plantas privadas de energía renovable, a las que considera caras e intermitentes, sin reconocer sus beneficios de precio y medioambientales.

Mientras tanto, la denominada Cuarta Transformación ha promovido el fortalecimiento de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una mayoría de centrales funcionan con combustibles más costosos o contaminantes, como el combustóleo y carbón.

Los antecedentes

Aunque la industria de energías renovables ha incrementado la generación limpia y barata gracias a las subastas eléctricas realizadas en el sexenio anterior, López Obrador y su equipo energético consideran a la reforma energética del priista Enrique Peña Nieto como un debilitamiento de la empresa estatal que dirige Manuel Bartlett. Para revertir la situación, su gobierno fijó un límite a la generación eléctrica privada no mayor a 46% y el restante estará en manos de CFE al final de su sexenio.

Aunque el sector público y privado ya se habían enfrentado por la renegociación de contratos de gasoductos y la emisión de Certificados de Energía Limpia (CELs), el nuevo capítulo se terminó de escribir el pasado 15 de mayo, cuando la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación su política e Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

La lectura de la iniciativa privada de este documento es un duro golpe para las inversiones en energía renovable porque restringe la entrada en operación de plantas privadas, pues el gobierno decidirá cuáles son las centrales más confiables para despachar primero la electricidad, congestión de la red o incluso la distancia que hay entre cada central, en lugar de considerar cuál es la energía más barata para despacharse.

Los principales grupos empresariales del país, CCE, Concamin y Coparmex han advertido que el acuerdo colapsará las inversiones privadas en el sector, provocará medidas legales y arbitrajes internacionales por parte de las empresas afectadas, por lo que pidieron revocar el polémico acuerdo.

Incluso el conflicto provocó que la embajada de Canadá y la delegación de la Unión Europea se pronunciaran en contra del acuerdo ante el riesgo que representa para las inversiones y proyectos energéticos del país.

En medio de las críticas, Sener publicó un comunicado justificando que los principales beneficios de la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional es garantizar un “ordenamiento eficaz”.

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¿Por qué escaló?

Previo a su publicación, la dependencia que encabeza Rocío Nahle solicitó a la Comisión Nacional de Mejora Reglatoria (Conamer), librarse de presentar una manifestación de impacto regulatorio, ante las posibles afectaciones económicas para los participantes.

Después de que el Diario Oficial de la Federación (DOF) rechazó la publicación del acuerdo por la falta de este documento, el titular de Conamer, César Hernández, renunció a su cargo. Horas después, las nuevas disposiciones jurídicas fueron publicadas en el DOF sin haber realizado el análisis de impacto.

“Lo malo del acuerdo fue el tiempo en el que lo publicaron, el no negociar, no escuchar la retroalimentación. Cuando se rompe el diálogo, nunca e es una buena señal”, comentó el especialista en materia eléctrica y director de la empresa Baorgg, Santiago Barcón.

¿Por qué importa?

Al menos 169 plantas solares y eólicas serán impactadas por el acuerdo suman casi 25,000 millones de dólares en inversión en 25 estados del país y representan casi 78,000 empleos directos en manufactura, construcción, operación y mantenimiento.

El vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Julio Valle, consideró que las nuevas normas van más allá de una política, y además de ir por encima de varias leyes y reglamentos vigentes, tendrá impacto en todos los proyectos renovables en operación, pruebas y en construcción.

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