La bancada de Morena suscribió una iniciativa para la LDFEFM, a fin de que los gobiernos subnacionales fortalezcan su infraestructura, implementen programas de empleo temporal y se les facilite adquirir financiamiento.

Debido al efecto negativo en las economías estatales provocado por el coronavirus, gobernadores de diferentes entidades han solicitado a la Federación más recursos para resarcir daños y reactivar la actividad económica. Ante este escenario, la bancada de Morena propuso disminuir las limitaciones financieras de los gobiernos subnacionales.

Te puede interesar: Sefiplan aplaza plan para saldar deuda municipal de la bursatilización

Así, con el objetivo de que los estados tengan más opciones financieras para su reactivación económica ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Poder Legislativo suscribieron la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM).

Entre las propuestas, destaca poder redirigir esfuerzos presupuestales en materia de servicios personales para la atención de contingencias sanitarias, en los conceptos de seguridad pública y personal médico, paramédico y afín, sin considerar al personal administrativo.

También incluye la opción de ampliar hasta por seis meses el plazo para el pago de capital e intereses de los créditos contratados, incluidos los de corto plazo. Sobresale que las obligaciones a corto plazo puedan ser contratadas a través del mercado bursátil y la banca de desarrollo.

Se propone ampliar las opciones de financiamientos de aquellos municipios con una población menor a 200,000 habitantes, eliminando el requisito de contar con la opinión del ente de fiscalización superior de la entidad federativa.

Otra medida es ampliar el techo de financiamiento neto al que tienen acceso las entidades federativas y los municipios por el Sistema de Alertas, para proyectos de infraestructura innovadores evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que generen ingresos adicionales sostenibles para la hacienda pública local.

Asimismo, se prevé que la SHCP pueda autorizar montos adicionales al techo de endeudamiento autorizado para las entidades, a fin de estar en condiciones de atender la contingencia y en el marco de la estrategia de reactivación económica.

Se incluye en la definición de inversión pública productiva la adquisición de vehículos cuya finalidad sea la prestación de un servicio público, como el transporte público, la seguridad pública (patrullas, motos, helicópteros y en algunos casos vehículos marítimos), la prestación del servicio de salud (ambulancias) o camiones recolectores de basura.

Es importante detallar que la LDFEFM, aprobada en el 2016, es el instrumento normativo que regula la contratación de financiamiento público de estados, municipios y sus entes públicos, además de establecer las directrices en materia de responsabilidad hacendaria y financiera.

“Esta iniciativa captura mecanismos que tienen por objeto fortalecer la infraestructura en general y la inclusión financiera, principalmente en municipios, orientada al desarrollo y crecimiento económico y la implementación de proyectos con alto impacto que promuevan el empleo y bienestar”, se lee en la propuesta de reformas.

Las medidas

De acuerdo con Alejandro Armenta Mier, integrante del Grupo Parlamentario de Morena que suscribió esta iniciativa junto con sus homólogos de la Cámara de Diputados, las propuestas a la LDFEFM establecen medidas transitorias y facilitan el financiamiento para infraestructura.

“Se propone establecer cuatro medidas transitorias a la regla de disciplina financiera, abrir el capítulo de servicios personales, para atender la contingencia y que se puedan implementar programas de empleo temporal o contratar personal para la emergencia sanitaria.

“El financiamiento de corto y largo plazo también se establece como medida fundamental. La tercera medida es el mayor plazo para el ejercicio de transferencias federales etiquetadas para el 2019, es decir, les da prórroga de pagos. También facilitar el financiamiento para la infraestructura, principalmente la eliminación de requisitos y se incorpore a la figura de línea de crédito global”, dijo en entrevista con El Economista.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara Alta reiteró que con la iniciativa se podrían contratar financiamiento para lanzar un programa de empleo temporal.

“La ley prevé que una vez publicado su presupuesto anual las entidades y los municipios no podían realizar derogaciones; la propuesta transitoria en el capítulo de servicios personales es implementar esquemas de empleo temporal, lo cual es una ayuda complementaria a los estados y municipios para tener liquidez para implementar programas de rescate ante el desempleo que se está generando por la inactividad económica”, señaló.

Construcción

El senador por Puebla manifestó que uno de los ejes de la iniciativa es facilitar medidas de financiamiento para infraestructura, particularmente de obras que generen empleo y que reactiven la economía. “La base de la economía en materia de infraestructura es la construcción, sector que encadena las actividades secundarias y terciarias del país”.

“Buscamos que las medidas de financiamiento a corto y largo plazos tengan una mayor flexibilidad en esta etapa de la contingencia. En este contexto, es importante la acción del Banco de México de apoyos al sistema financiero por hasta 750,000 millones de pesos, donde se encuentran recursos para créditos a mipymes. Por lo anterior, presentamos esta iniciativa que estamos trabajando los grupos parlamentarios de Morena en las cámaras, la cual permite tener opciones a estados y municipios”, detalló.

“Con la iniciativa desahogas presión financiera en el ejercicio del pago del servicio de deuda, flexibilizas las opciones de orientación de los recursos disponibles que tienes en el ejercicio del gasto para programas de empleo temporal y para la inversión en infraestructura”, refirió.

Por último, Alejandro Armenta puntualizó que ante la demanda de más recursos federales por parte de algunos gobernadores, la iniciativa a la LDFEFM “es una respuesta contundente a las 32 entidades, que no se busque hacer una distinción. Somos una nación, somos una Federación, y todos los estados y municipios tienen el derecho de recibir medidas que flexibilicen su capacidad financiera”.

En BCS aseveran que la iniciativa de reformas a la Ley de Disciplina Financiera es “positiva y pertinente”

La Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur aseguró que la iniciativa de reformas a la Ley de Disciplina Financiera (LDFEFM) libera reglas para que los estados y municipios, con cargo a sus propios presupuestos y capacidades, puedan hacer frente a la contingencia sanitaria por el Covid-19.

“La iniciativa propone una serie de reformas, algunas de las cuales ya se habían venido trabajando a partir de las opiniones de diversas entidades federativas en el Grupo de Obligaciones y Empréstitos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, mientras que otras, las más oportunas en este momento, van dirigidas a dotar a las entidades federativas de mecanismos que les permitan enfrentar de mejor manera las exigencias que se están derivando de la contingencia sanitaria”, explicó.

Dentro de estas últimas, la dependencia destacó algunas propuestas de modificaciones y adiciones a la Ley de Disciplina Financiera, “las cuales nos parecen muy positivas y pertinentes”, como la posibilidad de que se puedan redirigir esfuerzos presupuestales en materia de servicios personales para la atención de contingencias sanitarias, en los conceptos de seguridad pública y personal médico, paramédico y afín, sin considerar al personal administrativo.

Así como la posibilidad de poder ampliar hasta por seis meses el plazo para el pago de capital e intereses de los créditos contratados, incluidos los de corto plazo, “lo cual sin duda significaría un respiro financiero para las entidades que tengan vencimientos en el corto plazo”.

También destaca que la banca de desarrollo podrá otorgar créditos de corto plazo; se podrá recurrir al mercado bursátil; se flexibilizan mecanismos al acceso de créditos para municipios menores de 200,000 habitantes; se podría ampliar el techo de financiamiento neto al que tienen acceso las entidades y los municipios, y se incluye en la definición de inversión pública productiva los vehículos para el transporte público y los sectores de salud y seguridad pública.

“En conclusión, la reforma busca que los estados y municipios tengan menos limitaciones de disciplina financiera para contraer financiamientos en esta época, y reorientar recursos de los presupuestos autorizados a la atención de la contingencia sanitaria”, aseveró la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur.

Propuesta de Morena se queda corta en cuanto a las necesidades de las entidades: Carlos Maldonado

Para el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración en Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, la iniciativa de reformas a la Ley de Disciplina Financiera de la bancada de Morena “abona a los estados y municipios, pero se queda corta en cuanto a las necesidades de las entidades federativas y en consecuencia, de los ayuntamientos”.

“Si las medidas que se toman con base en las modificaciones de la Ley de Disciplina Financiera no son disruptivas, no son contundentes, no nos van a ayudar. Algo que hemos planteado es la posibilidad de puedan refinanciar los estados y municipios sus deudas a corto plazo”, indicó a El Economista.

“Actualmente, la Ley de Disciplina Financiera tiene articulado que puedes pagar tres meses antes de la conclusión del mandato constitucional; sin embargo, en la definición de los conceptos que se usan a lo largo de toda la ley, cuando se define corto plazo, habla de 12 meses y entonces te obliga a refinanciar año con año, lo que significa que tus perfiles de pago de amortizaciones en 12 meses quedan grandes en vez de que los puedan llevar, en el caso de los municipios, a tres meses antes de los tres años, y en el caso de los estados, a tres meses antes de los seis años”, explicó.

El secretario estatal dijo que “le haría bien a los estados y municipios es la transferencia oportuna del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas a Estados y Municipios, actualmente debe tener 60,000 millones de pesos y se constituye con los ingresos de las propias entidades (…) Otra es el adelanto de las participaciones federales, sólo se puede hacer durante el mismo ejercicio fiscal y lo cobran con un interés, si se abre esa posibilidad podría hacer frente a esta crisis emergente”.

“Todo abona, pero la iniciativa se queda corta, la ley tiene muchas áreas de oportunidad. Es necesario que la Federación tenga una visión más hacia el horizonte de lo que está pasando para poder apoyar a los estados. Es evidente la necesidad de una modificación. Buscamos tener mejores herramientas para lo que viene después de la crisis, que será la reconstrucción”, concluyó Maldonado Mendoza. (Con información de Redacción)

Publicidad