La reducción de semanas mínimas de cotización, el aumento de la pensión mínima garantizada y el grupo de ingresos al que busca beneficiar la reforma son algunos de los aspectos que podrían tener efectos positivos para las mujeres de manera más pronunciada que para los hombres 

Las modificaciones a la Ley de pensiones de 1997 propuestas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podrían impactar de una manera positiva a las mujeres y especialmente a las mujeres que se encuentran en los grupos laborales más vulnerables.

Entre las reformas planteadas se encuentran tres aspectos a resaltar: la reducción de semanas necesarias de cotización, el incremento de las aportaciones patronales de manera gradual que pasaría de un 6.5 a 15% en ocho años y el aumento consecutivo de la Pensión Mínima Garantizada (PMG).

Las correcciones apuntan a beneficiar a millones de trabajadores que no hubieran alcanzado una pensión por no tener el total de semanas necesarias de cotización; aquí es donde se identifica el primer impacto diferenciado por género. De acuerdo con Leticia Armenta, economista del Tecnológico de Monterrey, el pasar de un mínimo de 1,250 semanas de cotización a 750 y paulatinamente incrementar a 1,000 semanas implicaría un alivio particular para las mujeres en el mercado laboral.

Las mujeres son quienes siguen con mayor frecuencia la tendencia de inestabilidad en el empleo formal; por cuestiones de maternidad, labores del hogar o cuidados a terceros las mujeres interrumpen con mayor frecuencia su vida laboral y en muchos casos después de la maternidad toman ocupaciones de medio tiempo o en modalidades como el “freelance”. Esta situación las deja fuera de la afiliación como trabajadoras en el IMSS y muchas veces no logran el mínimo de semanas de cotización para acceder a una pensión.

En este sentido, si las modificaciones son aprobadas podrían implicar que más mujeres accedan a este derecho a la pensión durante la vejez. Y aunque no es una reforma pensada desde una perspectiva de género, el impacto podría ayudar a reducir la brecha de género en el retiro, comentó la especialista.

Por su parte, Ana María Montes, directora de la consultora actuarial Lockton México, dijo que otro aspecto de la reforma propuesta que podría impactar de manera positiva a las trabajadoras en México sería el aumento y la garantía de la pensión mínima. En este aspecto, el actual esquema de pensiones de 1997 contemplaba el ahorro logrado en las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) como el ingreso que se debía diferir o utilizar durante el resto de la vida de los beneficiarios. Estas modificaciones contemplan que los pensionados puedan hacer sus retiros mensuales de la PMG de sus ahorros voluntarios, pero cuando ese monto se acabe, el gobierno asume el pago de dicho monto de por vida.

En este sentido, considerando que la esperanza de vida femenina en México es de 77.98 años mientras que la esperanza de vida masculina es de 72.24 años, las pensiones de las mujeres son más bajas en línea con la necesidad de hacer que sus ahorros duren por más tiempo.

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Ana María Montes también resaltó que otra de las oportunidades que se presentan para las mujeres con estas reformas es que este beneficio prevé impactar para los trabajadores que estén afiliados al IMSS con ingresos labores de alrededor de 10 UMAs o menos (poco más de 26,000 pesos mensuales). Esta precisión apunta a que sean los trabajadores más vulnerables quienes reciban este beneficio en sus pensiones; en este grupo de trabajadores también predominan las mujeres, que son quienes en promedio cotizan con salarios más bajos.

Coincidió en que la reforma no presenta beneficios exclusivos para las mujeres y que está pensada para impactar positivamente a la población en general y, particularmente, los trabajadores más vulnerables. Aún con eso, sí implicaría que las mujeres puedan aprovechar de manera importante las adecuaciones no sólo para que tengan mejores pensiones en su vejez, sino para que sean más las que puedan acceder a este derecho.

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La especialista en economía, Leticia Armenta, comentó que aunque en un primer momento las reformas planteadas pueden implicar un beneficio importante para los trabajadores, en un segundo plano podrían desincentivar el empleo formal.

Como los costos del aumento en las aportaciones los asumen mayoritariamente las empresas, esto podría provocar un aumento en la informalidad, la reducción de plantillas incluso el uso de otras figuras que no implican un vínculo laboral como el outsourcing o los servicios por honorarios, comentó.

Esto se agudiza en el contexto en el que se encuentra sumergida la economía nacional, donde persiste la descomposición del mercado laboral por la paralización de las actividades.

Pese a ello, Ana María Montes, de Lockton México, asegura que era necesaria la corrección de detalles en el sistema de pensiones de 1997, “de lo contrario estos primeros pensionados de estas generaciones no podrían acceder a este derecho”. Además de que el proyecto plantea que las empresas tengan un lapso de dos años de recuperación y adaptación hasta que las reglas empiecen a operar.

Aunque estas modificaciones representarían un gran paso en materia del sistema de pensiones, todavía falta una parte importante que regular. La especialista comentó la necesidad de poner sobre la mesa y discutir las reglas bajo las que operan otros esquemas de retiro, especialmente de los trabajadores del Estado, como en universidades, municipios y otros entes públicos.

Es importante recalcar que, aun con los beneficios que puede traer esta reforma para las mujeres como para los hombres, el sistema de pensiones todavía requiere un análisis más amplio y completo, concluyó.

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