La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y otros organismos buscarán acciones legales para frenar el Acuerdo Presidencial en Materia de Obra Pública.

La cúpula patronal afirmó que la medida del Ejecutivo puede retrasar la recuperación económica y el bienestar de los ciudadanos debido a los impactos en la inversión, la competencia y la transparencia en la rendición de cuentas.

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, calificó como “delicado” el momento que vive el país en donde “el orden constitucional y el Estado de derecho peligran”.

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Dijo que en los 36 meses que lleva el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido múltiples las iniciativas de leyes, de reformas, acuerdos presidenciales y políticas públicas “que atentan contra el espíritu y contenido de la Carta Magna”.

En tanto, el presidente del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ángel García Lascuráin Valero, expresó que hay un estado vulnerable de la economía.

Dijo que existe una demanda interna debilitada por la contracción de la inversión y menor consumo debido a que el empleo perdido no ha alcanzado a recuperarse, y el ingreso promedio de los mexicanos es menor, además de una reducción de la demanda externa por problemas de cadenas de producción y distribución.

“Las acciones de política pública que pongan en duda la continuidad del Estado de derecho y el equilibrio de poderes en nuestro país afectan a un más a este entorno económico, y elevan el riesgo de que nuestra economía tarde mucho más en recuperarse de la crisis con el consecuente impacto negativo en el bienestar de los mexicanos”, apuntó.

A través del colectivo “Guardianes de la Constitución”, el organismo empresarial invitó a la sociedad a sumarse para presentar acciones colectivas en contra del acuerdo presidencial.

“Hacer un trabajo en colectivo, en comunidad; salir a defender la Constitución y tomar rutas, escuchar expertos sobre juicios de amparo, controversias y con otras organizaciones, hacer litigio estratégico en defensa”, detalló José Mario de la Garza Marroquín, coordinador del Observatorio Nacional para el respeto de la Constitución, Guardianes de Nuestra Constitución.

El acuerdo anunciado por el presidente el mes pasado es contrario a las disposiciones legales, atenta en contra de la división de poderes, es de muy bajo nivel jerárquico sobre la Constitución, deja de promover la competitividad y genera una competencia desleal, aseguró Claudia De Buen Unna, presidenta del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

“Hay enorme preocupación por este acuerdo. Es un abanico completamente abierto para que cualquier proyecto que quieran sacar en poco tiempo y quieran no concursarlo, no transparentarlo, lo incluyan en este grupo de actividades esenciales”, detalló durante el foro “Acciones para Salvaguardar tus Derechos”, organizado por la Coparmex.

Entre las acciones legales, señaló la posibilidad de que el Poder Legislativo promueva una acción de inconstitucionalidad y la promoción de amparos por parte de personas y empresas.

“Nos vamos inundar de amparos. Hay dos momentos para presentarlos. Uno es cuando sale publicado el acuerdo y hay 30 días naturales para presentarlo y el otro es cuando se hace una asignación directa a una empresa de un contrato que debió pasar por concurso y en ese momento empieza a contar el tiempo para presentar el amparo. Aquí tiene que darse el acto que produce su ilegalidad”, explicó.

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