Desde este viernes ha quedado insubsistente, y sin ningún efecto jurídico, el Acuerdo por el que se emitió la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2020, el cual fue declarado inconstitucional por el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica de la Ciudad de México.

Al quedar en firme la sentencia de dos juicios de amparo indirecto, cuyos efectos son generales, y no solo benefician a tres empresas de energías limpias que fueron las demandantes, la Secretaría de Energía (Sener) publicó el jueves de esta semana que su acuerdo ha quedado insubsistente, por lo que los lineamientos que establecía el documento ya no tienen ninguna consecuencia legal.

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De esta forma, también desde este viernes se reestablece la vigencia de la Política de Confiabilidad de la Sener publicada en el DOF el 28 de febrero de 2017, que contempla la participación competitiva de las firmas de energías limpias en el sector eléctrico nacional.

En la sentencia que otorgó el amparo a las firmas demandantes en contra de la Sener, cuya copia posee ALTO NIVEL, el juez Juan Pablo Gómez Fierro consideró improcedentes los argumentos de la secretaría que dirige Rocío Nahle, pues esa dependencia defendió el acuerdo bajo la premisa de que este no afectaba en lo inmediato a las empresas de energías limpias, ni al medio ambiente.

La Sener agregó que esas reglas también respondían a una cuestión de seguridad, pues el acuerdo “buscó atender amenazas a la seguridad nacional que intentaban destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.

Esa argumentación fue desestimada por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, al considerarla improcedente.

En contraste, la Sener admitió que “las fuentes de energía renovables, como el sol o el viento, poseen una naturaleza intermitente que exige mayor flexibilidad operativa respecto del resto del sistema”, por lo que en los hechos el acuerdo priorizaba “la participación de centrales convencionales y, por ende, el uso de combustibles fósiles”, argumentó el juzgador.

Además, los lineamientos de la Secretaría de Energía establecían reglas que inciden en la manera en la que venían operando las centrales eléctricas de energías limpias, por lo que “el acuerdo reclamado genera un agravio directo en la esfera jurídica” de las empresas quejosas.

El acuerdo modificaba igualmente el criterio de eficiencia económica por el de confiabilidad, y abría la posibilidad de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) redujera, o restringiera, la asignación y despacho de las centrales eléctricas que producen esa energía a partir del viento o el sol.

Por eso el juez concluyó que el acuerdo de la Sener “fue emitido en contravención a lo dispuesto en el artículo 25 constitucional, y en la Ley General de Mejora Regulatoria”, lo que permitió que entrara en vigor una política de confiabilidad “que resulta violatoria de los principios de libre competencia y concurrencia”.

El togado le recordó a la Secretaría de Energía que la reforma energética de 2013 dio origen a un marco regulatorio que establece un nuevo modelo de política energética nacional, que reformula la organización del sector al pasar de un modelo con características monopólicas, a uno con apertura a la participación privada en todos los segmentos de la cadena de producción y suministro de electricidad.

Es decir, “el principal objetivo de la reforma energética y de las normas que derivaron de ésta, consistió en establecer un nuevo paradigma en el sector energético que permitiera lograr una mayor participación de agentes económicos”, a efecto de alcanzar un desarrollo eficiente y competitivo del mercado, ofreciendo mejores condiciones de abasto y calidad del suministro básico de energía.

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