José Antonio Flores Vargas
Los pobres resultados del gobierno de Javier Duarte en materia de seguridad, de obra pública y de control y vigilancia de los recursos asignados a las dependencias, mueven al análisis detallado de la información que suministran las propias instituciones.
Por otro lado, el proceso de basificación de personal, recientemente aprobado, y el despliegue de opiniones a favor y en contra, por parte de diversos actores de la sociedad, motivan una revisión de los datos que tienen que ver con el gasto destinado al pago de los trabajadores al servicio del estado.
No extrañe entonces, que obligado por la complicada situación financiera del gobierno de Veracruz, en cuanto tome posesión Miguel Ángel Yunes Linares, una de sus primeras acciones sea la de revisar a fondo, cómo se ha comportado el capítulo de servicios personales de la administración pública en los últimos seis años.
De acuerdo con datos de la SEFIPLAN, en el año 2010, el último de Fidel Herrera, el gobierno ejerció 81 mil 309 millones de pesos, mientras que en 2015 se tuvo un gasto total de 103 mil 643 millones, un 27 por ciento de incremento. Sin embargo, durante esos cinco años, el presupuesto destinado a Servicios Personales, pasó de 33 mil 610 millones de pesos a 46 mil 349 millones, un aumento del 38 por ciento.
Si analizamos la estadística de personal del Poder Ejecutivo, encontramos que existen 20 mil 476 trabajadores. Esta cifra no incluye al personal magisterial, ni a los médicos y enfermeras de los servicios de salud, sujetos a diversos convenios con la federación.
De esa cifra de empleados, tomaremos tres casos: la Secretaría de Seguridad Pública tiene 12 mil 454 elementos (el 61%). La Contraloría General cuenta con 497 empleados y la SEDESOL estatal 455.
La primera pregunta que salta, es por qué ese incremento presupuestal en los servicios personales (38%), no se refleja en el bienestar y en el progreso de los veracruzanos.
Pero también hay otras interrogantes. Acaso será porque se trata de aumentos de sueldo estratosféricos, o porque hay duplicidad de puestos y de empleados, debido a que muchos de los contratados no reunieron el perfil adecuado, o simplemente porque se le ha pagado a gente que no cumple ninguna función.
Sin duda, una de las áreas que más han crecido es Seguridad Pública. Pero aquí la interrogante es más preocupante. En este sexenio se han acumulado los problemas de inseguridad en varias ciudades y en el campo. Acaso será que, a más personal, mayor inseguridad.
Ahora, si analizamos el número de trabajadores de la Contraloría General, superior al de Desarrollo Social, nos debemos preguntar si es más importante el control y la evaluación, que el trabajo social en favor de los pobres.
La respuesta es obvia, y lo que se observa es que de nada sirvió el trabajo de la Contraloría General. Durante esta administración se incrementaron los desvíos públicos, al punto de que se convirtieron en noticia nacional e internacional.
Ante estos resultados, llegan muchos cuestionamientos que debe estarse haciendo el gobernador electo. Los nulos resultados dan cuenta del trabajo de la Contraloría General pero también del Órgano Superior de Fiscalización en Veracruz.
Los casos de los titulares de estas dependencias, son ampliamente conocidos. Los dos están cortados con la misma tijera.
Es lo que hay.
