El desenlace que se está dando en torno al caso Yasmín Esquivel, y que 35 años después, echó a perder el plan del presidente López Obrador para tener mayor influencia en el Poder Judicial de la Federación, está dejando diversas lecturas respecto a los claroscuros de la burocracia mexicana.
Y por lo que ocurre al interior de la UNAM y la posición asumida el fin de semana por el rector Enrique Graue, dicho asunto puede arrojar más luces y sombras respecto al supuesto plagio de la tesis con la que se tituló como abogada la mencionada señora Esquivel, cuestionada ministra de la SCJN, que luchó durante los últimos meses para ser presidenta de la máxima institución de justicia en el país.
Una de esas lecturas tiene que ver con el cada vez más evidente incumplimiento de las disposiciones legales que los interesados a los cargos públicos muestran para buscar una posición en el gobierno y la relajación que existe en general para asumir u otorgar los diversos cargos que ofrece la administración pública en los tres órdenes de gobierno.
De la nada, y después de mucho tiempo, Yasmín Esquivel se vio envuelta en un escándalo de acusación de plagio respecto al trabajo de tesis que realizó para poder optar al título profesional. Más de tres décadas después, como resultado de tal plagio, ella perdió la presidencia de la Corte, y sobre todo, perdió el prestigio y la credibilidad como abogada y ministra. Y el caso no se ha cerrado todavía.
Este lamentable y vergonzoso escándalo trae a la conversación pública una triste realidad nacional: muchos de los cargos principales en el gobierno están siendo ocupados por personajes muy conocidos o muy ambiciosos y pragmáticos, pero que carecen del perfil, de la honorabilidad, de la experiencia o de los conocimientos profesionales para el cargo que detentan o para la labor burocrática que realizan.
Y esta situación se ha dado desde sexenios anteriores, sin embargo, se ha incrementado notablemente en este gobierno a cargo de AMLO, quien como filosofía autocomplaciente acepta colaboradores bajo la consigna “90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de experiencia”.
Así sobresalen en todo el territorio “funcionarios” en el gobierno federal, en los estados y en los municipios, que están realizando funciones o responsabilidades, sin tener experiencia, conocimientos, o documentos comprobatorios de la profesión que suelen presumir. Títulos profesionales falsos, o en el mejor de los casos, emitidos en universidades “patito” o en instituciones que no tienen las condiciones adecuadas para bridar la enseñanza universitaria que ofrecen. Así conocemos arquitectos realizando funciones en educación, profesores construyendo obras, cultores de belleza administrando recursos públicos, por citar algunos ejemplos. Si se revisaran sus expedientes personales, quedarían vacantes miles de puestos, que quedarían disponibles para gentes con verdaderos meritos y aptitudes.
Porque desafortunadamente abundan los egresados de diversas carreras profesionales, incluso titulados, o con maestrías o doctorados, que no logran colocarse en un empleo y que trabajan en la informalidad como comerciantes o haciendo artesanías para sobrevivir.
Quizá en México llegó el momento de construir condiciones apropiadas para estimular al estudio y al esfuerzo a miles de jóvenes que entrarán a las universidades del país. Los puestos públicos debieran destinarse a los egresados mejor calificados de las instituciones de educación superior. Los costos de la improvisación suelen ser muy altos para la sociedad y para el presupuesto público.
Los políticos que se dediquen a la política. Basta de grillos y de inútiles obstaculizando el desarrollo nacional. La ineptitud también es corrupción.
Hay que iniciar la titánica tarea de la reconstrucción.
