En el proceso de modificación a la Constitución Política del Estado de Veracruz que se realiza en estas semanas y cuyo propósito es el de dar paso a nuevas disposiciones en materia electoral, acaba de surgir una serie de reclamos de los principales partidos de oposición.
La demanda principal dada a conocer por las dirigencias del PAN, PRI y PRD, es la exigencia para que el Poder Legislativo muestre las actas de cabildo que aprueban que los ayuntamientos se suman a las reformas aprobadas por los legisladores, tal como establece la Ley.
Debe recordarse que el presidente de la junta de coordinación política del Congreso del Estado declaró que ya se contaba con esas actas, en un número incluso superior al que determina la constitución. Desafortunadamente, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín no pudo cumplir con ese requerimiento partidista, porque justo después de haber ocurrido la petición, se refugió en su domicilio debido a que manifestaba los peligrosos síntomas del Covid-19.
Y debiera decirse que esta comprobación de documentos planteada por los partidos políticos pasa a ser un tema secundario, porque analizando el problema de salud del presidente de la JUCOPO, bien podría pensarse que en estos momentos la auténtica preocupación en el palacio de la calle Encanto, es el temor de que medio Congreso pudiera estar contagiado de coronavirus, comenzando por los diputados y colaboradores de Gómez Cazarín. Seguramente las redes sociales pronto darán noticias a ese respecto.
Pero al reflexionar sobre la legítima duda procedimental de los partidos políticos y de algunos sectores políticos, este tema tiene una solución fácil. Basta con subir a la página web del Congreso de Veracruz el total de las actas municipales -obligación que también tienen los 212 ayuntamientos- y a la vez cumplimentar con las obligatorias disposiciones de transparencia que la constitución local dispone y la sociedad agradecería. Sobre todo, porque no es la primera ocasión en que el asunto de la opacidad sale a relucir con los diputados.
El pasado 14 de mayo Palabras Claras publicó el editorial titulado CONGRESO VERACRUZANO: AUDITORÍAS Y CUENTAS PENDIENTES. En esa ocasión se trató el contenido del Informe de Resultados de la cuenta Pública 2018 que el 20 de febrero anterior dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señalando entre otras cosas, lo siguiente:
“El referido Informe es generoso en mostrar incumplimientos y posibles actos irregulares de las entidades federativas, de los municipios, del gobierno federal, de instituciones diversas y de los congresos estatales.”
“Dentro de los hallazgos inquietantes del trabajo de fiscalización de la ASF, el Informe detalla los siguientes, en los que nuevamente se incluye al estado de Veracruz. Que nueve congresos locales no cumplieron con el balance presupuestal sostenible, que siete congresos reportaron como no sostenible el balance presupuestario de recursos disponibles, y lo más delicado, que ocho congresos no están alineados al Sistema de Contabilidad Gubernamental, es decir que no cumplen con la Ley General de Contabilidad ni con las disposiciones del Consejo nacional de Contabilidad (CONAC), fallas que pueden ser causa para no recibir recursos presupuestales. Medallita completa para Veracruz.”
Dado que el paso a seguir es el de la publicación de las reformas en la gaceta oficial, sería prudente que el secretario general de la Legislatura se abocara a transparentar todas esas actas de cabildo que se presume están en la oficina de Gómez Cazarín. Desde luego, buscando esos documentos después de aplicar las rigurosas medidas de sanitización de espacios, que están en boga.
Y que se apure el secretario. No sea que a alguna de las organizaciones ciudadanas anticorrupción o de periodismo de investigación, se le ocurra ir a los municipios a buscar y conjuntar todas esas actas.
Y todo ese problema por insistir en la opacidad tan gustada en gobiernos anteriores, que como demuestra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no conduce a nada más que al incumplimiento de las leyes. Ojalá y que Gómez Cazarín vuelva a su oficina, sano y salvo, y que de una vez muestre los papeles que, podemos afirmar con cierta seguridad, continúan bajo buen resguardo. Y que de paso y para que nadie incurra en irresponsabilidad, revise y resuelva los pendientes que reclama la ASF al Congreso.
