José Antonio Flores Vargas

Por lo que viene sucediendo desde que amaneció el día seis de junio pasado, pareciera que en Veracruz se pretende resolver lo que se considera incorrecto o lo que se encuentra pendiente, durante estos meses que quedan, antes de que se llegue la fecha del cambio de gobierno estatal.

Y el apresuramiento proviene de dos direcciones: Del gobierno saliente del PRI, y del gobierno entrante, ganado mediante la unión del PAN con el PRD.

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Pero no siempre la vehemencia o el aceleramiento que se imprimen en el hacer diario, conducen a consecuencias positivas. El tema de la basificación de empleados estatales permite varias lecturas.

Es posible que en las últimas horas del día de ayer, los principales actores políticos de la entidad, hayan quedado con una sensación molesta y ácida, en torno a uno de los hechos que más van a incidir en muchas situaciones políticas y económicas en el estado, durante las próximas décadas.

La aprobación del Congreso local ayer, de modificaciones a leyes relacionadas con el servicio civil de carrera, que permitirán darle plaza definitiva a miles de trabajadores de confianza del gobierno del estado, deja la idea de que la jugada no es tan perfecta y que puede perjudicar a todos los participantes de esta contienda política, y más que nada a la población veracruzana, como siempre.

Y no se cuestionan aquí los legítimos derechos laborales de los empleados de confianza. O de que los miembros del consejo directivo del Instituto de Pensiones del Estado, deben frotarse las manos por la extraordinaria inyección de cuotas nuevas que oxigenarán sus finanzas.

Lo que extraña sobremanera, del que lo propuso y de quienes lo aprobaron, es cómo fue que llegaron a esa decisión, si ellos mismos se han pasado hablando de presupuestos deficitarios y de deudas estratosféricas para poder sostener al gobierno. No se comprende entonces, esa tremenda carga adicional a las finanzas estatales, cuando la sensatez exigía asumir medidas contrarias, enfocadas a una mayor austeridad, para avanzar en el pago de la deuda.

Lo que sí queda claro, es que lo sucedido, parece la desesperada reacción de alguien que se siente acorralado, dispuesto a morir, pero haciendo el mayor daño a su victimario. O que tal vez, es una instrucción del gobierno central, de responder al PAN, como ellos actúan cuando llegan al poder. Reciprocidad pura y dura.

Y aquí viene una pregunta clave. ¿Era necesario meter como único discurso postelectoral, el castigo a la corrupción, repetido hasta el cansancio, sabiendo que existen tiempos y estrategias legales para proceder contra quien derrumbó el estado?. Esta pregunta seguro se la hará Yunes Linares durante mucho tiempo.

Y lo que es la casualidad. Miguel Ángel Yunes Linares habrá estado presente en los dos únicos momentos de basificación masiva de trabajadores del estado. La otra ocasión, la vivió como poderoso secretario de gobierno de Veracruz, sucedida durante los años 1993 y 1994, cuando se les dio plaza definitiva a miles de empleados que llevaban años como trabajadores eventuales en todas las áreas de gobierno.

Por las frecuentes ausencias de Patricio Chirinos, Yunes era prácticamente quien gobernaba, y fue precisamente él, quien supervisó que el gabinete cumpliera a cabalidad con ese compromiso laboral. La única diferencia es que en ese tiempo, el estado no tenía ningún problema de deudas como ahora.

Después Yunes Linares dio un mal paso y se convirtió en dirigente del partido oficial, llevándolo a la peor derrota de esa época. Fue cuando se perdió la mayor parte de los municipios, entre ellos Veracruz y Xalapa. La maestra Rosario Piña no pudo quedarse con la alcaldía de la capital, ni con todo el respaldo del clero.

Como va a suceder ahora con los nuevos empleados de base, en aquel entonces la burocracia no votó por el PRI durante las elecciones para presidentes municipales.

La historia demuestra que a toda acción corresponde una reacción. Y no todas las decisiones producen buenas consecuencias. La prisa no es elegante. Es ley de vida.

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