José Antonio Flores Vargas
Soberbia noticia recibieron anteayer los 50 diputados del Congreso de Veracruz, de parte de Serafín Hernández Sagahón, Tesorero de esa institución. Cada uno de ellos, recibirá como despedida por los tres largos años de esfuerzo legislativo, la cantidad de 720 mil pesos, no como bono de marcha, aclaró el sagaz funcionario, sino por “su ahorro que hicieron en sus tres años”.
Los jubilados que leyeron esa noticia en los medios de comunicación estatales, seguramente descubrieron que han vivido en el más espantoso error, por no haber laborado como representante popular en el Poder Legislativo, donde sí se entiende lo que es la verdadera justicia social, previsora y compensatoria por las duras jornadas de trabajo que los 50 diputados sufrieron ahí durante esos 36 extenuantes meses.
Pero si los ex trabajadores habían descubierto su tremendo desacierto laboral, el mismo día pasaron del error, al horror y al paralizante terror, cuando uno de los más brillantes consejeros del IPE, avisó en los medios, que había posibilidades de que este año, no recibieran aguinaldo ninguno de los 28 mil jubilados y pensionados.
Y es que el líder del FESAPAUV, Enrique Levet Gorozpe, quien sí sabe sacrificarse para bailar con la más fea, se amarró el dedo y anunció que los jubilados pueden no recibir esa prestación, ya que “el IPE no cuenta con recursos para pagar a 28 mil jubilados”.
Para matizar las cosas agregó: “yo espero que se dejen los recursos, para que el próximo gobierno no tenga problema”.
Por último, y olvidando los años que lleva como consejero del Instituto, quizá buscando no convertirse en estatua de sal, agregó “se habla de saqueos, pero yo no sé por qué se dice eso; nadie ha presentado una prueba de que se esté desviando el dinero de los jubilados”.
Esta convicción de Levet Gorozpe, sobre la honestidad con que se ha manejado el IPE, no concuerda con la opinión vertida reiteradamente por los derechohabientes del Instituto, así sean de la propia Universidad Veracruzana.
Ante esta negación de lo evidente, quizá sea necesario que todos los jubilados y pensionados, le pidan al próximo gobernador, la realización de una auditoría integral al IPE, que incluya todos sus años de existencia.
De esa forma Levet y los demás solícitos consejeros, tendrían que reconocer la serie de saqueos ocurridos en toda la vida del organismo, que incluyen desde sueldos elevados, práctica del nepotismo, pago a aviadores, hospedajes y servicios gratuitos en hoteles, irregularidades en enajenación de casas habitación, adquisición de áreas habitacionales en predios no aptos y ventas amañadas de inmuebles.
Pero también el incumplimiento de pago de cuotas de trabajadores y de aportaciones de instituciones adheridas al IPE, transferencias indebidas de recursos a SEFIPLAN, así como un largo etcétera, que ellos mismos han sabido y callado, aunque ahora pretendan hacerse de la boca chiquita.
La orientación moderna del derecho a una pensión jubilatoria, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en México, desde mediados del siglo pasado, es un derecho adquirido por los trabajadores, compensatorio del esfuerzo laboral, realizado en un número determinado de años.
Por fortuna no está sujeto a irresponsabilidades y manifestaciones de cinismo de funcionarios y consejeros. Es un derecho por el que los derechohabientes del IPE, trabajaron los años que marca la Ley y aportaron sus cuotas reglamentarias. Va más allá de los vaivenes políticos y las corruptelas que no pueden ocultarse.
