José Antonio Flores Vargas

El día de ayer, en varios medios locales y nacionales se publicó la noticia de que las principales cámaras empresariales de Veracruz están reclamando al Gobierno Estatal el pago de 714 millones de pesos que les adeudan a sus agremiados, indicando que algunos pasivos provienen de hace tres años.

En una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Xalapa, amenazaron con realizar campaña nacional y acudir con las autoridades federales para buscar solución al problema, exigiendo la liquidación de adeudos antes de la conclusión de esta administración.

Al mismo tiempo, le piden al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, que en cuanto asuma el cargo, fortalezca la inversión y privilegie la participación de las empresas veracruzanas.

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Luis Palacios Macedo, Pedro Medina Amador y Julio Arronte, en representación del Consejo Coordinador Empresarial, la CMIC, la CANACO y la COPARMEX, señalaron su molestia por la “mala fe” con que los ha tratado el gobierno estatal.

Advirtieron que existen muchas empresas nuevas que participan en licitaciones sin tener el perfil y la experiencia para cumplir con compromisos de obra pública u otros servicios.

El rompimiento que se percibe con estas medidas desesperadas, anunciadas por los dueños del capital, es algo que no había ocurrido en el Estado. Prácticamente todos los gobernadores habían caminado de la mano con los empresarios veracruzanos.

Sin embargo, el pacto entre el gobierno y los empresarios tradicionales se rompió a partir de este sexenio, con la aparición espontánea de empresas formadas por “nuevos ricos”, que hicieron fortuna al amparo de las arcas públicas, que han sido identificados por las cámaras y que se mencionan con frecuencia en los medios de comunicación.

Como ya es costumbre, estos problemas con el sector empresarial parece que no causan preocupación en el gobernador Javier Duarte y sus colaboradores. Las quejas ya son recurrentes y no son atendidas.

Hace un mes, El INEGI presentó alarmantes informes, en el sentido de que durante el primer semestre del año se habían perdido más de 55 mil empleos en Veracruz. El IMSS declaró que tan sólo en julio se habían cancelado registros de 4 mil 560 plazas laborales.

Para desgracia de todos, no son favorables las expectativas económicas de esta entidad federativa, y nada ayudará la insuficiencia financiera que se vislumbra para el gobierno del estado, a partir de la anunciada disminución de recursos del presupuesto de egresos de la federación para 2017.

Se aproximan tiempos sumamente difíciles para Veracruz. Los problemas de la deuda con la banca, los fuertes pasivos del gobierno y la inseguridad pública que asusta a la población, no son circunstancias que ayuden a mejorar el panorama estatal. Se avizoran mayores pérdidas de empleo.

Por eso, es necesario reencontrar la buena relación con los inversionistas locales, que aunque no son perfectos, siempre han apostado por Veracruz.

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