Este mes de enero se cumplen dos años de la invasión del bosque mesófilo en la zona que produce el agua limpia del municipio de Coatepec, a escasos doce kilómetros de Xalapa. Nadie entiende por qué las autoridades no actúan para resolver ese delicado problema, a pesar de la insistente demanda de los propietarios de la tierra y de organizaciones ambientalistas como Pronatura, CEMDA, LAVIDA e investigadores de INECOL y la Universidad Veracruzana

Quizá el asunto tenga que ver con fuertes intereses económicos y políticos de personas ambiciosas que hacen ver este caso como una legítima petición de tierras ociosas y sin protección jurídica, según ellos para beneficiar a humildes campesinos. ¿Pero qué hay atrás de este asunto?

Se trata de una bien organizada invasión a terrenos de vocación forestal, dedicados desde hace años a los servicios ambientales en la zona poniente del municipio de Coatepec, en el sitio conocido como Jinicuil Manso, que pretende impulsar una solicitud de dotación de tierras por dos mil hectáreas, presentada ante la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano (SEDATU), la que inexplicablemente emitió una veloz orden de deslinde de terrenos.

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Es una superficie con 500 predios de propiedad particular, ubicados en una zona de bosque de niebla, donde se genera mucha del agua que se consume en Xico, La Antigua, Coatepec y Xalapa, dentro de una de las pocas manchas de bosque mesófilo de montaña, donde se ubican cinco unidades de gestión ambiental incluidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Capital.

A partir de la invasión de 20 hectáreas en enero de 2019, los propietarios afectados han interpuesto sendas denuncias ante la Fiscalía de Coatepec, que la Fiscal del Estado no resuelve.

Los afectados solo reciben respuestas de que están atendiendo el asunto, mientras los invasores construyen tejabanes y cuartos cubiertos con láminas y cartones, derribando árboles, contaminando y mostrando indicios de posesión por la fuerza.

¿Quiénes ganan con este problema legal y ambiental?, es la pregunta que se hace la sociedad veracruzana.

Evidentemente en este conflicto ganan los líderes invasores de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y su representante nacional, el diputado perredista Federico Ovalle vaquera, experto en ondear todo tipo de banderas de izquierda y a lo que siguiendo el estilo obradorista, el PRD y sus huestes estatales no dirán ni pío. ¿Por qué piden tierras para campesinos en un área de resguardo ambiental, plenamente identificada como tal?

Será que la SEDATU de Román Meyer, representada aquí por Angélica Menéndez, privilegia la esgrimida “necesidad social” por encima de los derechos de propiedad y las reglamentaciones ambientales, y es capaz de aprobar un asentamiento humano o la tala de bosques en una zona tradicionalmente boscosa y protegida por la Ley. En este escenario pesimista no ayuda en nada una dependencia federal que la ASF acaba de exhibir en sus irregularidades multimillonarias correspondientes al año 2019.

Será que el superdelegado Manuel Huerta tiene las manos amarradas para poner orden, y que si lo hace será hasta después de las elecciones del 6 de junio para no atizar a sus excompañeros del PRD y mantener la aparente gobernabilidad.  

O es que algún negociante político incrustado en el palacio de gobierno de Xalapa ya vislumbró algunas paradisiacas hectáreas para el peculio morenista y particular, y por ello Éric Cisneros y su fiscal de las redes prefieren hacer conveniente mutis.  

A ver cuántos demonios se salen de control con este maloliente caso de “justicia social al estilo 4T” que sepulta intereses estrictamente humanos y ambientales.

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