Tras detectar un presunto daño patrimonial de 10 millones 339 mil 887. 07 pesos en la Cuenta Pública 2018 del Ayuntamiento de Veracruz puerto, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción a finales de 2020

Mediante el oficio número OFS/DGAJ/11501/12/2020, el órgano fiscalizador dirigido por la auditora general, Delia González Cobos, establece la probable responsabilidad del alcalde, Fernando Yunés Márquez, así como de la Síndica Municipal, Alma Aida Lamadrid.

Además, de la regidora de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Xóchitl Nathalie Arzaba Hernández; la Tesorera Municipal, Rosario Ruíz Lagunés; el titular del Órgano de Control Interno, David de Jesús Ávila y el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Luis Román Campa.

“Sobre el particular se advierten claramente establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que llevaron a determinar la existencia de un daño patrimonial causado a la hacienda pública municipal, por la realización de conductas violatorias al marco legal vigente, en virtud de que los servidores públicos del Ayuntamiento de Veracruz”.

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Concretamente se establece que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2018 ni aplicados al 31 de marzo de 2019, provenientes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos.

“(…) conducta de la cual se desprende un daño patrimonial por un importe total de 10 millones 339 mil 877.07 pesos”, según la observación FM-193/2018/013-DAÑ, el cual no ha sido solventado.

De esta manera, el ORFIS a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos presentó una denuncia formal “en contra de quien o quienes resulten responsables” ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción

Para ello presentó 6 documentales públicas, anexos y evidencias presuncionales, circunstancial y humana, mediante la dirección de Asuntos Jurídicos del ORFIS, a cargo de Felipe de Jesús Marín Carreón.

El funcionario procedió ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 11 de diciembre del 2020.

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