El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador plantea la creación de un nuevo Código Penal Nacional, un Código Nacional de Procedimientos Penales; además, reformar la Ley de Amparo y Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), así como la creación de la Ley de Cultura y Justicia Cívica, y la Ley para menores.

Esto es parte de la conformación de un nuevo sistema penal en el país, a fin de combatir la impunidad que impera en el país, según ha revelado el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. 

El paquete de reformas al sistema justicia penal sería presentado este miércoles ante el Senado de la República; sin embargo se pospuso para el 1 de febrero, aunque se ha filtrado el contenido de dichas reformas.

Sobre el Código Penal Nacional dijo que debe homologar todos los delitos en una sola Ley que genere certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país. 

“No podemos tener 32 códigos porque al final de cuentas si no hay una homologación de defensa social no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas”.

Puso como ejemplo el delito de feminicidio, que dijo es más difícil para los litigantes en defensa de las víctimas consignar y judicializar este ilícito que un homicidio con agravantes.

“Se hizo una ley supuestamente para proteger a un sector que está desprotegido y resulta que es más complicado defenderlo, cuando lo único que se tiene que establecer con toda claridad es que el caso de estas personas en esa situación el agravante sea el que mande para poder castigarlos en razón del daño que han causado. Una cosa de sentido común y de lógica que parece que no se había podido nunca resolver”.

Entre los cambios se prevé la eliminación del concepto de juez de control y Tribunal de Enjuiciamiento, que es actualmente parte de sistema oral adversarial en el que se impide que un solo juez conozca del caso. Por lo cual, con la reforma se regresaría al “viejo modelo” en el que un juez conocerá de todo el proceso desde la investigación hasta la sentencia en juicio.

Cabe destacar que con la reforma se eleva a la Guardia Nacional por encima de las policías, ya que se establece como institución independiente y prevé el establecimiento de cárceles especiales para quienes cometan un delito.

Además, se establecen en las reformas prohibiciones para la intervención de comunicaciones en casos específicos y se agregan los principios de fundamentación y motivación, imparcialidad e independencia judicial.

Se agrega el concepto de declaración de preferencia para aquellos detenidos reclamados por autoridades de dos o más estados y se agrega el concepto de reposición de constancias.

Establece que ante la existencia de pluralidad en defensores, asesores jurídicos y ministerios públicos, se limitará el uso de la voz a uno por cada intervención de la parte que representan.

A la víctima se le elimina el derecho de realizar por sí actos de investigación, actualmente vigente; se le limita el derecho de interponer recursos y se establece el derecho a ser representada por el Ministerio Público cuando falte el asesor jurídico.

Se reconoce la posibilidad de que el imputado declare ante el Ministerio Público en presencia de su defensor, pero determinar que ya no podrán mentir cambiar su declaración.

Se otorga el derecho a que el defensor pida el apoyo jurisdiccional para entrevistar personas y se establece que todos los actos de investigación que realice la policía deberán ser autorizados por el Ministerio Público.

Asimismo, se establece que el Juez puede otorgar la libertad cuando no es prisión preventiva oficiosa, siempre que imponga medidas de protección, cuando el delito tenga pena de prisión que no exceda de tres años el término medio aritmético y garantice la reparación del daño, tenga trabajo, domicilio fijo; es decir, se regresa a la libertad bajo caución.

La Fiscalía podrá no pedir la prisión preventiva oficiosa y el procedimiento abreviado lo limitan a delitos cuya pena media aritmética no rebase los cinco años y que no amerite prisión preventiva oficiosa. 

También se elimina investigación inicial y complementaria, así como la etapa intermedia.

Se señala la presunción de responsabilidad cuando el imputado se niega a ser examinado por peritos, se presume ciertos los hechos imputados, lo que va en contra de lo establecido actualmente en la Ley.

Se establece como acto de investigación la reconstrucción de hechos y se crea como acto de investigación la entrega vigilada y operaciones encubiertas, para cualquier delito.

Sobre estás reformas, Gertz Manero dijo que buscan priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables.

“De los 33 millones de delitos que se producen al año el 90 por ciento están en contra de las gentes más desprotegidas del país, y de ellos el 90 por ciento son temas de carácter económico que no pasan de 10 mil pesos. El Estado tiene que hacerse cargo porque esa es su función primaria, de reparar el daño cuando no lo repara el causante”.

Agregó que también se debe de promover el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos porque actualmente “las multas se vuelven una especie de subasta, de que yo pago una multa pero no me comprometo con lo que hice”. 

Dijo que es en la primera instancia en la que se debe de contener al delito, pues no hay una sanción que prevenga y otra que identifique al que está ya delinquiendo en forma habitual para que pase de una justicia cívica a una justicia penal. 

“Porque si no, nos pasa que los que se roban a un país pueden andar en la calle y los que se roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida en la cárcel. Eso es verdaderamente lo más perverso que puede ocurrir. Estas son las bases fundamentales de la ley de justicia cívica”.

En cuanto a la Ley Nacional de Ejecución Penal dijo que no hay lógica en el sistema de readaptación social, pues todos los primodelincuentes deben tener cárceles abiertas, para no convertirlos en alumnos de las escuelas del crimen.

“Cárceles abiertas bajo control, pero cárceles abiertas. Todos los reincidentes tienen que ir a la cárcel, y las cárceles tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de autocapacidad para que realmente ahí se preparen.

“Uno no puede obligar a alguien a que trabaje, pero el Juez sí puede decir: pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse”.

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