El director técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Francisco Xavier Martínez, indicó que los pueblos indígenas pueden solicitar un amparo en contra de megaprotectos mineros o petroleros si las las autoridades no realizan consultas ciudadanas antes de aprobarlos.

En entrevista, precisó que al tratarse de un derecho humano, si la consulta no se realiza cualquier decisión tomada debe ser declarada como inexistente.

Por ello, consideró que se pueden frenar los proyectos mediante la vía del amparo promovido ante el Poder Judicial de la Federación o, en su caso, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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“Si es violentado (su derecho) están plenamente facultados para acudir al Poder Judicial de la Federación por la vía de amparo, pues el encargo que tiene es de ser la última defensa de sus derechos. Judicialmente hablando, la Suprema Corte ha dicho que el juicio de amparo está pensado para ser el recurso efectivo para acceder a la justicia y eso significaría que si tienen razón los quejosos; es decir, la comunidad, detener el proyecto”.

No obstante, reconoció que la experiencia señala que los amparos no siempre sirven para frenar estos proyectos, pero que es una vía de acción para proteger sus derechos.

Dijo que si bien las autoridades han alegado ignorancia o desconocimiento sobre la aplicación de la consulta a pueblos con respecto a los megaproyectos, el Estado ha empezado a ver que los pueblos luchan por este derecho y ganan en tribunales fallos a su favor.

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