La mayoría de Morena aprobó la nueva ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, que obligará a implementar campañas de difusión anual y la creación de un padrón de medios estatales.
La nueva ley que involucra a todos los poderes públicos y organismos autónomos fue calificada por la oposición como un “descarado intento de control, disfrazado de ley”.
La votación en lo general fue de 30 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones. En la votación particular, el PAN obligó a hacer algunas modificaciones cosméticas y de redacción de la ley que envió García Jiménez, pero no pasó ningún tema de fondo.
La diputada de Morena, Adriana Paula Linaressubió a tribuna para señalar que es importante sentar las bases para regular el gasto público destinado a medios de comunicación y cumplir con la obligación de comunicar bajo principios de eficacia, transparencia y economía.
Señaló que la nueva ley prevé que la comunicación no podrá ser utilizada para promocionar a ningún servidor público y la aplicación imparcial de los recursos públicos para comunicación social.
La diputada Maryjose Gamboa Torales, consideró que es contradictorio obligar a los medios a registrarse en dos padrones, uno nacional y otro más estatal, pues eso obligaría a los difusores a ir al “besamanos” a Palacio de Gobierno, ante el secretario Eric Cisneros, para lograr un acuerdo económico.
“La Ley General establece un Padrón Nacional de Medios de Comunicación. No es un padrón federal, es un padrón nacional, es decir, es un registro único para toda la república y aquí en Veracruz, se pretende crear otro padrón que la Ley no señala que podamos crear y que además no se cuenta con una estimación de impacto presupuestal para ello, como lo mandata el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera”.
Los medios ya tienen la obligación de registrarse en el padrón nacional, y ahora, pretenden imponerle la necesidad de registrarse en un padrón estatal, si no lo hacen no podrán ser contratados.
Otra omisión al homologar la ley, fue el evitar copiar la obligación impuesta a nivel federal, que el poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, mantenga informado bimestral y anualmente a la Cámara de Diputados, específicamente a una de sus Comisiones, sobre la ejecución de programas, campañas y actividades, con un debido desglose de gasto.
“En la ley que manda el ejecutivo estatal, no sólo viola deliberadamente la Ley General negando a este Congreso la facultad que el legislador federal nos otorgó para recibir informes; sino que con total descaro establece que el informe que realice el ejecutivo se entregará al mismo ejecutivo”.
