Boca del Río.- Con violencia y sin el menor reparo en el Estado de Derecho, un numeroso grupo de desconocidos comandado por los autonombrados líderes sindicales, irrumpieron el pasado 20 de julio en un fraccionamiento ubicado en San José Novillero para invadir y despojar decenas de casas, las cuales posteriormente pretenden “vender” a través de procesos fraudulentos.
Asesorados por los abogados Alejandro Pulido, de la Asociación de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores y Conexos de la zona marítima del Puerto y Jorge Arias Becerra, presidente del Colegio de Juristas Veracruz, una organización ideada.
Según sus líderes, para velar por los intereses de la clase trabajadora, el grupo, además de privar con violencia de la libertad a los veladores, ejercieron amenazas de muerte en contra del personal de la empresa propietaria de los inmuebles.
En su momento, la autoridad policiaca fue informada cuando los actos se cometían y pudieron intervenir, para evitarlos en flagrancia, pero no intervinieron con el uso legítimo de la fuerza al temer represalias posteriores, sirviendo solo de testigo mientras los sindicalizados y seguidores vandablizaban las casas, ubicadas en una de las zonas con mayor plusvalía de la zona conurbada Veracruz- Boca del Rio- Medellín.
El predio de 4 hectáreas, ubicado en la misma zona donde mantienen intereses grupos inmobiliarios tan importantes como “Ruba”, “Villas Veranda”, “Fraccionamientos Santa Ana” de Grupo Carpín, “Lomas del Dorado”, “El Río”, “El Dorado”, predios del Grupo Tony, el Instituto Educativo Cumbres, el Hospital La Covadonga y el mismo Petróleos Mexicanos con un laboratorio de aguas profundas, corre graves riesgos ante la parsimonia de la autoridad competente y el abuso de los presuntos paracaidistas.
Esta zona, donde la propiedad es privada, recibe inversiones por miles de millones de pesos y se generan cientos de empleos en una época de mucha incertidumbre y escases de dinero, por lo que resulta incomprensible la discreción de las autoridades para permitir estos hechos delictivos que ahuyentan las inversiones.
Inversionistas, vecinos y empresarios muestran su preocupación ante la irrupción violenta de un grupo que demostró ya su intención de pasar por encima de las autoridades para lograr sus fines, que son arrebatar propiedad privada actuando en pandilla, asociación delictuosa o como crimen organizado.
Las dudas más recurrentes entre los mencionados vecinos es hasta dónde les perjudicará para mantener la plusvalía de sus bienes y, sobretodo, si la usurpación de los “sindicalistas” no es el inicio de más actividades delictivas que terminen de comprometer la tranquilidad de la zona.
Y es que al grupo en cuestión se le atribuyen múltiples actividades criminales previas documentadas, a cuyas repercusiones legales escaparon por protección de políticos involucrados en administraciones estatales anteriores; de hecho, se constató que actualmente argumentan en sus atropellos que el mismísimo presidente López Obrador es quien los protege y les permite “vender” la propiedad ajena en 20 mil pesos, argumento que utilizan para sorprender a incautos que creen estar protegidos por los lideres y abogados que tienen esta iniciativa de acción al margen de la ley y quienes aseguran contar también con el apoyo del director jurídico de la Presidencia de la Republica Julio Scherer a quien informaron visitarán esta semana en Palacio Nacional.
De acuerdo con algunos testimonios, las personas que ofrecieron las casas, quemaron pastizales en los alrededores e introdujeron una retroexcavadora para crear un camino que les permita acceder al fraccionamiento, con lo que continúan sumando delitos.
Los bienes son propiedad fiduciaria de ACTINVER y el conjunto habitacional comprende 110 casas terminadas y más de 30 en construcción. Los apoderados legales del Fideicomiso ya interpusieron las denuncias requeridas ante la FGR por los presuntos delitos de crimen organizado, asociación delictiva, despojo y los que resulte.
