Una vez que se restituya, el Cabildo de Mixtla de Altamirano debe de someter a análisis el caso del Síndico, Ricardo “N”.
Dicho funcionario tiene prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato múltiple de la exalcaldesa, Maricela Vallejo Orea, de quien fuera su esposo, Efrén Zopoyactle Tlaxcaltecalt y de su chofer, Sabino García, crimen perpetrado en noviembre de 2019.
Este jueves la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó el proyecto de Punto de Acuerdo en el que se determinó que quedó sin efecto la suspensión provisional del Ayuntamiento, así como la designación que se hizo de un concejo municipal, acatando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Controversia Constitucional 267/2019.
Los legisladores determinaron que en el caso del síndico se debe aplicar el criterio orientador contenido en la sentencia SUP-REC-13772021 y acumulado, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Dicho criterio se determinó en cuanto al caso de Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno de Veracruz y diputado federal del PRD, en el que la Sala Superior del TEPJF estableció que la prisión preventiva no suspendía los derechos políticos del perredista.
Ello luego de que el PRD interpuso un recurso de impugnación y a finales del pasado mes de agosto la Sala Superior del TEPJF determinó confirmar la asignación impugnada, señalando que las personas con prisión preventiva gozan de presunción de inocencia.
Pese a dicho fallo, a inicios de septiembre el Poder Judicial de Veracruz notificó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que Rogelio “N” está física y materialmente está impedido para poder ejercer los derechos políticos que pudieran corresponderle, dado que está interno en un Centro de Reinserción Social, con sede en Amatlán de los Reyes, al estar sujeto a 2 procesos: uno por extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia y otro por ultrajes a la autoridad.
Esta situación podría aplicar al caso del Síndico, Ricardo “N”, quien tiene prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio múltiple señalado; hasta la fecha la Fiscalía General del Estado no ha informado que el edil haya sido sentenciado por el crimen.
En el apartado cuarto del acuerdo aprobado este jueves por los legisladores, la Diputación Permanente determinó:
“CUARTO. Por cuanto hace al hecho notorio y público respecto de un edil -que jurídica y materialmente se encuentra bajo los efectos de una medida privativa de libertad, las autoridades competentes, de ser el caso, aplicarán el criterio orientador contenido en la sentencia SUP-REC-13772021 y acumulado, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como órgano especializado en materia electoral, respecto del ejercicio de los derechos político electorales implicados”.
Sobre este asunto el coordinador de los diputados del PAN, Omar Miranda, explicó a partir de este miércoles se notificará a los ediles electos democráticamente y al Concejo Municipal que quedó anulado.
“Tiene que haber una sesión y tomar protesta de nuevo los regidores que habían sido destituidos (…); todo el proceso fue irregular desde el inicio, nosotros votamos en contar de este tema y aquí está ahora parte de lo que nosotros decíamos”, declaró.
