Aunque nunca solicitó las comparecencias de funcionarios que rechazaron sus recomendaciones ante el Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, aseguró que esto cambiará.
Al respecto, sostuvo que sí “hará cumplir la Ley” y pedirá que el Congreso cite a comparecer a titulares de instituciones que no acaten las recomendaciones del organismo.
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Sin embargo, explicó que aunque la Ley prevé que los titulares de instituciones que se nieguen a aceptar recomendaciones pueden ser llamados por los diputados, su presencia sólo es para explicar las razones que lo llevaron a tomar esta determinación, ya que la recomendación sigue sin ser vinculante.
“El Congreso debe llamar para que expliquen las razones por las cuales no aceptan tal o cual recomendación, pero la naturaleza de la recomendación sigue siendo la misma, esa no cambia, hay que tener muchísima claridad en eso“
Dijo que aunque la Ley ya fue reformada para eliminar el requisito de que, para hacer efectiva la solicitud de llamar a comparecer al funcionario, tendría que haber negativa reiterada a acatar las recomendaciones de la CEDH.
“La ley establecía esa atribución pero en el desarrollo de esa ley, en el reglamento se establecía que únicamente cuando la negativa de la aceptación o el cumplimiento fue reiterado, eso hacía prácticamente imposible para la Comisión solicitar la comparecencia del titular de alguna dependencia porque para cumplir con el requisito de reiterado la propia normatividad establecía que las negativas fueran continuas, entonces bastaba una interrupción, una sí y una no por ejemplo, para que no se configurara la hipótesis normativa.
“Pero la ley fue recientemente modificada y ahora el requisito de que sea reiterada ha quedado fuera, entonces efectivamente en tanto se actualice la hipótesis normativa nosotros estaremos dando vista al Congreso”.
Matzumoto Benítez agregó que, dado que las recomendaciones no tienen carácter vinculante porque no tienen la naturaleza jurídica no son un documento de cumplimiento obligatorio, por lo cual no existe una forma de obligar a las autoridades a cumplirlas pero ahora deberán explicar por qué.
“Cuando una autoridad acepta una recomendación en el uso de sus facultades adquiere una obligación política y moral de cumplir con lo que aceptó, lo que sigue es que cumpla con los puntos recomendatorias”.
