El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez generó en 2019 un total de 683.2 millones de pesos de recursos federales no aclarados en su gasto durante 2019 y se encontró una deuda de 12 mil 415 millones de pesos con el ISSSTE.
Esto de acuerdo con el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, en sus auditorías a la operación regional.
El documento señala que se presentó el mayor monto pendiente de aclarar, justificar o recuperar por 683.2 millones de pesos de recursos federales.
Además, se detectó la retención de cuotas de seguridad social. Según la SFP a junio de 2019, las entidades federativas, cuyos trabajadores están afiliados al ISSSTE, retuvieron y no enteraron las cuotas obrero-patronales, por un monto acumulado de 50 mil 137.8 millones de pesos.
En las Auditorías financieras y de cumplimiento, la Secretaría de la Función Pública señala que el resultado de la fiscalización reveló serios problemas estructurales que pueden ocasionar riesgos al erario y al debido ejercicio del gasto público.
“Entre los hallazgos más relevantes se encuentran los siguientes: retención de impuestos federales y no enterados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); condonación de multas sobre créditos fiscales; y, retención de cuotas de seguridad social no enteradas por los estados a la tesorería del ISSSTE”.
En este rubro, el gobierno de Veracruz es el principal deudor, con un monto de 12 mil 415.2 millones de pesos, seguido del estado de Guerrero con 9 mil 563.7 millones de pesos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, señaló que en cuanto a los recursos federales no reportados la entidad es seguida de Sinaloa, con un monto de 681.5 millones de pesos.
Se trata del 11.2 por ciento y el 11.1 por ciento, respectivamente, del total observado a nivel nacional por 6 mil 097.9 millones de pesos.
Estos recursos son transferidos a los estados mediante convenios de reasignación y en 2018, el monto asignado para la operación regional de 53 programas fue de 236 mil 430.7 millones de pesos.
En este rubro, la SFP fiscalizó 8 programas: salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes, así como cultura física y deporte.
El resultado de la fiscalización reveló irregularidades recurrentes. Al cierre de las auditorías, a los gobiernos estatales les fueron determinadas observaciones por el referido monto de 6 mil 097.9 millones de pesos.
Las observaciones más relevantes son las siguientes: destinar el presupuesto para fines distintos a los pactados, por mil 453.7 millones de pesos.
Además, existe incumplimiento de la aportación estatal comprometida en los convenios por mil 058.8 millones de pesos; erogación de recursos sin acreditar su destino por 758.2 millones de pesos.
También ejercicio del presupuesto en forma extemporánea por 668.8 millones de pesos; falta de documentación comprobatoria del gasto por 634.3 millones de pesos; inobservancia de disposiciones normativas en materia de adquisiciones y de obra pública, por 636.7 millones de pesos.
Además, retenciones por impuestos, derechos y cuotas no enteradas a la autoridad fiscal por 278.4 millones de pesos; conceptos de obra pagados no ejecutados 248.2 millones de pesos; irregularidades en la ministración de recursos 218.7 millones de pesos, y otras irregularidades por 142.1 millones de pesos.
El programa con mayor riesgo de corrupción y de ineficacia es el destinado a apoyar a las instituciones de educación media y superior, según el documento.
De esta manera el monto por aclarar, justificar o recuperar fue de 4 mil 121.3 millones de pesos, el 67.6 por ciento del total de 6 mil 097.9 millones de pesos.
Existe incumplimiento de la aportación estatal comprometida en los convenios por mil 292.6 millones de pesos; ejercicio de recursos sin acreditar su destino final 727 millones de pesos: erogaciones del gasto a fines distintos a los autorizados 572.7 millones de pesos; pagos improcedentes por plazas no autorizadas y gastos de operación no autorizados por 439.9 millones de pesos.
También retenciones de derechos, no enteradas, por el pago de cinco al millar de las estimaciones de obra por 275.8 millones de pesos; recursos no devengados ni comprometidos al 31 de diciembre por 257.6 millones de pesos; falta de documentación comprobatoria del gasto por 229.8 millones de pesos, y otras observaciones por 325.9 millones de pesos.
