El presidente municipal morenista de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier Acolt, junto con el Concejo Municipal 2018 -que estuvo activo del 1 de enero al 30 de junio-, tuvieron observaciones en 16 obras de infraestructura para el municipio entre ese y el año 2019, con posible daño patrimonial.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública con fecha 28 de abril de 2021, el propio Ayuntamiento confirmó que hay 16 obras ejecutadas entre 2018 y 2019 que tuvieron observaciones.

La información también la corrobora el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en la nueva revisión a la cuenta pública que ordenó el Congreso con mayoría morenista.

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De hecho, entre las observaciones detectadas por el ORFIS, se indica que hay obras cuyos contratos fueron celebrados sin la firma de Ana Paulina Martínez Munguía, Síndica Única del Ayuntamiento.

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De acuerdo con el Órgano de Fiscalización, se trata de las obras marcadas con los números 0405; 0407 y 0403.

Los contratos fueron fechados el 31 de octubre de 2018; el 18 de octubre de 2018 y el 15 de noviembre de 2018.
“… incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o exservidores públicos con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el artículo 73 Ter. de la Ley Orgánica del Municipio Libre”, señala el informe.

De entre las obras en las que hay observaciones y presunto daño patrimonial se encuentran varias rehabilitaciones, así como la construcción de pavimento hidráulico banquetas en la calle Cedros, localidad de El Lencero

Asimismo, la construcción de techo de concreto hidráulico de 10 centímetros de espesor en las localidades de El Limón, El Guayabo, El Terrero, Rinconada, el Lencero, Alborada y Palo Gacho.

Igualmente, la rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Francisco Villa en la localidad de Las Trancas y la construcción de cuartos dormitorio, en la localidad de Rinconada.

Por cuanto hace al año 2019, son tres obras las que aparecen con presunto daño patrimonial: la rehabilitación de la calle principal de Nacaxtle con pavimento hidráulico, en la localidad de Marco Antonio Muñoz, la ampliación de la red de agua potable en la colonia Perseverancia y por servicios en consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.

Otras observaciones

La cuenta pública 2018 del morenista no incluye solo señalamientos por cuanto hace a las obras de infraestructura.

Se indica que el ayuntamiento también realizó erogaciones con cargo a la acción número 0122 dentro del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipio y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

En el rubro, “Arrendamiento de vehículos de transporte y maquinaría para construcción”, se gastaron 4 millones 931 mil 745.23 pesos; sin embargo el ORFIS destaca que “carecen del contrato de prestación de servicios, por lo que se desconocen los alcances, periodo y obligaciones de las partes”.

Incluso, en rubros como la baja de bienes muebles por “inservibles” que el entonces concejo municipal llevó a cabo un día antes de dejar la administración y cuyo valor asciende a 16 millones 997 mil 903.58 pesos, no hay justificación de estos actos.

“No existe evidencia del dictamen técnico aprobado por el Comité o Subcomité de Adquisiciones del Ente Fiscalizable, avalado por la Contraloría Municipal y sometido a Acuerdo de Cabildo, que autorice y justifique la baja de los mismos, respecto al estado material y condiciones de los bienes muebles, por lo que no se tiene certeza de que la disminución de activo por $16,997,903.58 según registros contables sea correcta”.

Asimismo, indica el Órgano de Fiscalización, no hay datos acerca “del destino físico final que tendrán los bienes mencionados”.

De acuerdo con los registros contables, encontrados por el ORFIS, se indica que el ayuntamiento retuvo pero no enteró, ante la autoridad competente, el Impuesto Sobre la Renta retenido a empleados.

Ello quedó registrado en la cuenta 2.1.1.7 “retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, por concepto de salarios”, por un monto de 11 millones 035 mil 868.35 pesos

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