(SPI) El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Juan Manuel de Unanue Abascal afirmó que los diputados no fomentaron el desvió de recursos federales.

Justificó el haber aprobado el decreto que autoriza a los 212 alcaldes, hacer uso de recursos de 2017 del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el pago de obra inconclusa de 2016.

“El Congreso de Veracruz no ha infringido la ley de ninguna manera y tampoco pretendemos legislar en materia de recursos federales”, enfatizó.

Argumentó que la decisión de aprobar el citado decreto, fue porque la administración duartista ya no otorgo los recursos del FISM del último trimestre de 2016, lo que generó contratiempos en los compromisos de pago con las empresas constructoras.

“Ante la desesperación de los alcaldes por la situación, la Legislatura actual aprobó un decreto en el cual los 212 presidentes municipales que tuvieran obras pendientes de concluir registradas en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), pudiesen ocupar recursos de 2017 para pagar y concluir obras de 2016 con recursos de ese mismo fondo. No se puede ocupar el dinero de este Fondo para cubrir adeudo de otro tipo”, puntualizó.

Reiteró el congresista que la legislatura no se extralimitó al validar a los ayuntamientos ocupen recursos para obras del años pasado, ni tampoco se está fomentando el desvío de recursos.

“El decreto es muy claro. Lo que hicimos de manera responsable fue darles las herramientas a los alcaldes para que pudieran salir de sus pendientes de 2016, pues incurrirían en irregularidades a la hora de la fiscalización; por ello en diversas pláticas con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)”, comentó.

Unanue Abascal expuso que los ediles deberán cumplir con varios requerimientos para poder proceder hacer uso del recurso etiquetado de este año.

Empezar por hacer un finiquito parcial que respalde los conceptos ejecutados y el monto pagado a las empresas contratistas; también deben soporte documental, croquis de la utilización, números generadores, reporte fotográfico y notas de bitácora.

Igualmente, redactar un convenio modificatorio, especificando el cambio de la fuente de financiamiento del 2017 y monto que se pagó con el fondo original de 2016, anexando un dictamen que justifique las causas por las que recurren a dicha acción, que en este caso sería la falta de ministración.

Así como ajustar metas y presupuesto de los trabajos faltantes, para incluir el monto comprometido en el convenio y por último, una vez efectuado esto, proyectar la conclusión de obras 2016 y acciones en el programa general de inversión 2017.

Finalmente el legislador veracruzano comentó que tal “está afectando tanto a la empresa constructora por no recibir su pago, así como a los ciudadanos al no recibir los beneficios de una obra pública concluida”, finalizó.

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