La Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz consiguió un amparo ante la justicia federal ante el silencio administrativo del Gobierno del Estado para analizar si procede o no incrementar el precio del transporte público en 40 por ciento.

Ahora la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), deberá de definir si se implementa o no dicho incremento en la modalidad de Urbano, Suburbano y Foráneo en el estado y en caso de no atender este asunto, sus funcionarios podrían ser acreedores a multas o incluso inhabilitaciones.

Un juez federal concedió el amparo ante la negativa de distintas instancias del Gobierno del Estado de analizar el aumento, pese a que por Ley se debe de ajustar el precio del servicio acorde a la inflación.

Esta asociación señala al Gobierno del Estado desde la pasada administración de Miguel Ángel Yunes Linares de incurrir en silencio administrativo, puesto que la Ley de Tránsito y Transporte marca que se debe de analizar cada ejercicio un incremento en las tarifas.

El asunto llegó a la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE) y el Director General de Transporte del Estado (DGTE), quienes acaban de remitirlo a la SSP, al considerar que le compete dar contestación legal.

La Directora General de la Secretaría de Seguridad Pública tiene un término de diez días, una vez sea notificada, para emitir un acuerdo en el que realice la certificación correspondiente según aplique en el caso específico.

De no cumplir con lo requerido, o no justificar las medidas decretadas, su titular se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo.

“Lo anterior, sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.

La Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz recibió el amparo y protección de la justicia federal para dejar insubsistente el acuerdo de 23 de mayo de 2019, donde desechó por extemporánea la solicitud de certificación de afirmativa ficta realizada por Sergio Augusto Boeta Ángeles, en su carácter de representante legal de los transportistas.

Dicho escrito se presentó el 13 de septiembre de 2018 y se dirigió al gobernador y al Secretario de Gobierno solicitando que se autorizara un aumento de la tarifa de transporte público en la modalidad de Urbano, Suburbano y Foráneo en el Estado, en un 40 por ciento.

El amparo se concedió para que se emita un nuevo acuerdo en el que, con base en lo solicitado, se determine si es competente para realizar la certificación solicitada y, de serlo, realice la certificación correspondiente según aplique en el caso específico.

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