(SPI).- La Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) acordó que sus integrantes deberán realizar en sus gestiones modificaciones legales y administrativas para materializar 10 compromisos relacionados con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

En la última reunión ordinaria de la Conago celebrada en la Ciudad de Jojutla, Morelos, el pasado 3 de mayo del presente, 28 gobernadores, incluido el mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares convinieron, a propuesta del gobernador morelense Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, fortalecer las instituciones democráticas del país y reconstruir la relación de confianza de los ciudadanos con sus autoridades.

La Conago afirmó que todas las autoridades estatales del país están obligadas a responder las demandas de la sociedad en torno al urgente fortalecimiento de los órganos fiscalizadores y de legislar sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

Para llevar a cabo lo arriba citado, la Conago elaboró 10 compromisos con base en el estudio: Integridad en México 2017 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y las recomendaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El estudio de la OCDE expuso que es una exigencia de la sociedad que los gobernadores hagan un compromiso explícito con la transparencia y la rendición de cuentas. También que la administración de los recursos públicos se haga en el marco de reglas de integridad que nos permitan generar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

Los 28 gobernadores, incluido el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se comprometieron a realizar en sus respectivas administraciones modificaciones legales y administrativas, así como el compromiso de que cada punto cuente con una serie de indicadores de cumplimiento y darles seguimiento en la Comisión de Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Conago.

Los 10 compromisos son los siguientes:

Compromiso I: garantizar que los cambios a la legislación local se realicen dentro del plazo legal establecido (18 de julio de 2017). Además, debemos asegurar que el contenido tanto de la reforma constitucional, como de la Ley del Sistema Local Anticorrupción, cumpla con requisitos mínimos de autonomía, participación ciudadana y carácter vinculatorio.

Compromiso II: Publicar en los portales electrónicos de sus Secretarías de la Contraloría, o equivalentes, las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública y de las Entidades de Fiscalización Superior de los Estados a sus dependencias, recuperaciones financieras y avances en las investigaciones.

Compromiso III: Realizar, en colaboración con Compranet, todos los procesos de compra pública y convenios con dependencias públicas, sin importar el origen de los recursos. Impulsar la realización de compras consolidadas en sectores clave, en particular las compras de medicamentos.

Compromisos IV: Transitar hacia la digitalización y sistematización de todos los procesos de compra pública, caracterizados por la transparencia proactiva mediante internet (datos abiertos) y con el uso de metodologías realizadas en conjunto con la sociedad civil.

Compromiso V: Evitar el uso de cuentas concentradoras y reducir al mínimo los pagos en efectivo. Establecer marcos legales que incentiven los pagos vinculados a cuentas específicas mediante el sistema financiero.

Compromiso VI: Establecer requisitos mínimos de planeación con los que deba de contar cada proyecto de infraestructura antes de ser licitado el contrato para asegurar la calidad, y el costo beneficio del ejercicio de los recursos.

Compromiso VII: Hacer pública información de pasivos y obras inconclusas para todas sus dependencias, al cierre del ejercicio fiscal y a la salida de sus administraciones.

Compromiso VIII: Impulsar desde los estados un marco jurídico unificado que incorpore las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de Adquisiciones y Obra pública en un plazo no mayor a dos años.

Compromiso IX: Publicar las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y de cumplimiento fiscal de los gobernadores y gabinetes estatales.

Compromiso X: Instalar en cada estado comités de ética y prevención de conflictos de interés, para vigilar la aplicación de las normas de integridad en el ejercicio de la función pública.

 

Publicidad