Diputados, exdiputados, académicos de la Universidad Veracruzana (UV), organizaciones de la sociedad civil y hasta sus familiares, acusaron en su momento al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares de tener en la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces a cargo de Jorge Winckler Ortiz, a su “brazo ejecutor”, tal y como ahora acusan sus familiares con el régimen de MORENA.
La acusación que este lunes hizo el hijo del exmandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes Márquez, de usar a la Fiscalía para perseguir a adversarios políticos, fue vertida en su momento por quienes fueron también considerados como oposición al bienio panista.
Yunes Márquez señaló que desde la autoridad de procuración de justicia se ha montado un operativo para hacer acusaciones infundadas y sacarlo de la contienda electoral. Según su dicho, dicho operativo incluye espionaje telefónico, para mantenerlo ubicado y conocer sus conversaciones.
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A su padre lo acusaron de cosas similares. En 2019, meses antes de la destitución de Jorge Winckler Ortiz, el exdiputado local Marco Antonio del Ángel Arroyo acusó que, aun habiendo terminado su administración, el exgobernador usaba a la FGE para combatir a sus adversarios.
Lo anterior, luego de la detención de una lideresa de esa organización, como medida, dijo, de represión a quienes lo acusaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dado que las denuncias en su contra iban avanzando.
No fue el único caso. En marzo de 2017 su propio primo hermano, Héctor Yunes Landa, Senador de la República acusó a Yunes Linares de lo mismo.
Ello porque la FGE reactivó un proceso legal que involucraba al padre del priista y a dos de sus hermanos, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, por haber sido de alta como policías y cobrar los salarios correspondientes, sin serlo.
Asimismo, diputados locales de Morena hicieron lo propio: exigieron cuentas al exgobernador acerca de presuntos acuerdos con exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, algunos acusados de desapariciones forzadas, fraudes, desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito entre otros.
Lo anterior, luego que algunos de ellos fueran liberados al inicio de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, a la par que se revelaban conversaciones de encuentros entre funcionarios de la FGE y los defensores de los acusados, para lograr reparaciones del daño.
Al respecto el expresidente del Congreso y actual candidato a la presidencia municipal de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro, sostuvo que el audio que se filtró en donde presuntamente se escucha al exfiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, negociando con representantes de Arturo Bermúdez, demostraría que la Fiscalía siempre ha servido de brazo ejecutor del Ejecutivo.
También el Colectivo Solecito, una de las principales organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, se congratuló por la decisión de los diputados integrantes de la Comisión Instructora de declarar, en 2019, la procedencia de dos juicios políticos contra Jorge Winckler Ortiz.
Al respecto, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, aseguró que el fiscal sólo sirvió a los intereses políticos del exgobernador, el panista Miguel Ángel Yunes.
También los académicos de la UV acusaron al gobierno yunista de perseguir a los docentes de la institución.
Ello luego que la investigadora Rosío Córdova Plaza emitiera información acerca de presuntas desapariciones de alumnos de la UV y la FGE la citara a declarar para aportar datos al respecto.
En su momento, organizaciones y periodistas críticos de la administración panista salieron en defensa de la académica e incluso señalaron que entre Yunes y Winckler hacían uso tendencioso de las instituciones e incluso montando una especie de “Gestapo”.
