El empresario periodístico José Abella García, quien califica a las feministas como perras en brama, utiliza drones y su helicóptero personal para vigilar a la alcaldesa de Córdoba.

Al respecto, la presidenta municipal Leticia López Landero acusó que el empresario sobrevuela su hogar los fines de semana y añadió que tiene la certeza de que contrata a motociclistas para seguirla cuando se desplaza en su vehículo oficial por la ciudad, como una forma de intimidarla.

“No nada más es eso, tiene un helicóptero porque es una persona con medios económicos y sobrevuela con su helicóptero mi casa los fines de semana y es de él, porque lo tengo bien fotografiado; me manda drones a mi casa los fines de semana para ver qué estoy haciendo.

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“En mi camioneta del Ayuntamiento me ponen una moto junto y me va siguiendo; verdaderamente esto ya no es nada normal”, declaró la presidenta municipal en conferencia de prensa en Xalapa.

Al respecto, la panista expuso las medidas preventivas que acaba de dictar el OPLE en contra del empresario por utilizar medios de comunicación para insultarla a ella y a las mujeres en general, advirtiendo que la violencia de Abella García en su contra se está arreciando en los últimos días.

Explicó que está en análisis del OPLE determinar si el empresario, así como los medios de comunicación Radio Banana 98.3 FM y el periódico El Buen Tono, siguen incurriendo en violencia política de género para que sean multados y que el empresario pida una disculpa pública por publicaciones y comentarios ofensivos.

A la fecha, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) dictó medidas provisionales para que dichos medios eliminen publicaciones degradantes y para que Abella García tome cursos y talleres que lo capaciten para no seguir incurriendo en dicha conducta que está tipificada como un delito en Veracruz.

De acuerdo el abogado de la alcaldesa, David Molina, a la fecha Radio Banana ya comenzó a eliminar contenido publicado en su cuenta de Facebook que genera violencia hacia las mujeres y la alcaldesa. Sin embargo, el empresario continúa haciendo manifestaciones insultantes dirigidas a feministas y a la presidenta municipal.

La alcaldesa dijo que el empresario la ha insultado por su condición física, ataques que comenzaron cuando ella superó a Abella García al recibir la candidatura del PAN a una diputación federal en 2012, mismas que se incrementaron en su actual período como presidenta municipal de Córdoba después de que se negó a otorgarle contratos publicitarios millonarios a sus medios de comunicación y aquellos con los que está asociado.

Expuso que el OPLE encontró argumentos de violencia en lo general cuando Abella García comentó que las feministas “son viejas rezongonas a las que hay que darles de nalgadas” y que las mujeres no deben criticar a los hombres que las cuestionan por su vestimenta porque son como “perras en brama que andan despidiendo olores y ni modo que pase el perro y no la pele”.

Sobre la alcaldesa el empresario declaró que si fuera por él la subiría a un quiosco para “desnudarla y bañarla de excremento de cochino” y después bañarla en plumas de pollo, como forma de exhibirla por ser “una pinche vieja ladrona”.

El Abogado David Molina explicó que el empresario utiliza sus medios de comunicación y se pone de acuerdo con otros para difundir estos mensajes, lo que sigue en investigación del OPLE.

Por ahora, el organismo electoral involucró a diversas autoridades para que el IVM le otorgue cursos y talleres a José Abella García para no incurrir en violencia de género y en lenguaje incluyente; además, deberá dar acompañamiento psicológico a la presidenta municipal.

“En la etapa de investigación, se aportan evidencias para la etapa de desahogo de pruebas, para después turnarlo al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, con lo que se podría obligar al empresario a una disculpa pública, indemnización y multa a sus medios de comunicación”, explicó el defensor.

Añadieron que la Fiscalía General otorgó medidas cautelares del OPLE a favor de Leticia López Landero, quien en días pasados compareció ante el organismo para iniciar un proceso especial sancionador contra el empresario y los medios de comunicación mencionados.

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