Por ello se emitieron 318 resoluciones correspondientes a 109 inexistencias de responsabilidad administrativa; 173 sanciones administrativas y 36 sobreseimientos a servidores y exservidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado
Esto dentro del periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019.
En su comparecencia ante el Congreso del Estado refirió que dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa se han radicado 55 expedientes, en tanto que del Procedimiento de Sanción a proveedores se encuentran radicados 12 expedientes, de los cuales ninguno se ha concluido hasta el momento.
En cuanto a los Recursos de Revocación de Licitaciones se han radicado nueve: “los cuales se encuentran en trámite”, detalló.
Sobre las evaluaciones aplicadas a los Órganos internos de Control dijo que apenas existe un cumplimiento del 70% a los Programas Generales de Trabajo 2019, “encontrando la necesidad de activar mecanismos para optimizar su desempeño”.
En lo que se refiere a procedimientos administrativos iniciados en contra de ex servidores públicos de la Administración Publica 2011-2016, es decir antes de que llegara al cargo, destacó que la Dirección Jurídica de la CGE cuenta con antecedentes litigiosos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).
“Donde esa autoridad emitió en septiembre del año en curso, un acuerdo que indica que han causado estado sentencias en contra de dos exfuncionarios y por tanto queda firme para todos los efectos legales la inhabilitación para desempeñar empleos o cargos o comisiones por cinco y tres años respectivamente”.
La funcionaria precisó que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, a través de los diferentes mecanismos de atención ciudadana, se recibieron mil 157 quejas y denuncias, promociones de las que se han resuelto 684, quedando en trámite 473, las cuales están siendo atendidas por los Órganos Internos de Control adscritos a las diversas dependencias y entidades.
Santoyo Domínguez destacó que se han vigilado los arrendamientos realizados por la actual administración, así como el gasto en Comunicación Social.
Además, por primera vez llevó a cabo una evaluación primaria a Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales que realizaron auditorías a los entes fiscalizables para el ejercicio 2018.
“Con especial énfasis al cumplimiento de los lineamientos para el registro o refrendo en el Padrón de Despachos, calidad en el trabajo realizado, cumplimiento en tiempos establecidos y percepción de desempeño por parte del supervisor asignado por la Dirección General de Fiscalización Interna, con la finalidad de contar con una base o antecedente de dichos despachos”.
La contralora dijo que en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2019, se realizaron 458 evaluaciones de tipo financiero y programáticopresupuestal.
“De las cuales resultaron 319 inconsistencias y 51 recomendaciones. Realizándose también un total de 571 acciones preventivas, de verificación, control y evaluación.
“Los Órganos Internos de Control, presentaron los informes de hallazgos en la aplicación del recurso público, reportando un total de 177 inconsistencias. También se registraron 270 recomendaciones o medidas correctivas que implementaron las dependencias y entidades, describiendo posibles mejoras o áreas de oportunidad para no reincidir en la irregularidad y 92 faltas administrativas, quedando 11 pendientes de atender”.
Para el ejercicio 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) programó realizar 29 auditorías a la Cuenta Pública 2018, de las cuales, considerando la 2ª Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, realizada el pasado 31 de octubre, se han concluido 19 auditorías, 10 se encuentran en proceso.
“En colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), se programaron 16 auditorías a fondos y programas federalizados, determinando ejecutar 8 auditorías conjuntas y 8 directas.
“En el marco de los acuerdos establecidos en los Programas Anuales de Trabajo (PAT) con la Secretaria de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, se suscribieron ocho Convenios de sublicenciación del Sistema Declaranet Plus con diversos entes públicos del Estado”.
En cuanto a los funcionarios estatales dijo que durante el periodo comprendido del 01 diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, se han recibido y procesado un total de 22 mil 351 declaraciones, de las cuales se generaron 11 mil 306 de inicio,
2 mil 445 declaraciones de conclusión y 8 mil 600 declaraciones de modificación de situación patrimonial.
“El seguimiento puntual de dicha obligación permite prevenir omisiones, inconsistencias e incluso algún presunto enriquecimiento ilícito.
“Así mismo, se realizaron 43 evoluciones patrimoniales y 135 análisis del
Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Situación Patrimonial y de
Intereses de personas servidoras y ex servidoras públicas, a efecto de verificar y detectar posible enriquecimiento ilícito”.
En cuanto a los pasivos que el Gobierno del Estado tiene con proveedores y contratistas, se instruyó a los Órganos Internos de Control para que emitieran los dictámenes de verificación de la procedencia de los adeudos solicitados por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
“Es importante señalar que durante el ejercicio 2018, solo se llevaron a cabo dos auditoría internas; por lo que, durante el presente ejercicio, la Contraloría General, se vio en la necesidad de realizar acciones con enfoques preventivo y correctivo mediante fiscalización a la comprobación del gasto y la correcta aplicación de los recursos públicos; entre las cuales se realizaron 48 auditorías al Poder Ejecutivo, distribuidas en: 19 auditorías integrales, 27 específicas y dos de obra pública.
“Determinándose 143 observaciones generales y 178 relevantes, de las que se han solventado 63 observaciones generales y 65 relevantes, representando el 45.5% y 35.4% respectivamente. No omito mencionar que las observaciones relevantes implican aclaración o justificación de recursos ejercidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal”.
Finalmente dijo que en cumplimiento al Acuerdo de coordinación, celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado, para la coordinación especial en el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se dio seguimiento a 918 incidencias derivadas de la inspección por parte de la Secretaría de la Función Pública al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (COMPRANET).
De las cuales corresponden 260 a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 22 a organismos autónomos y 636 a municipios del Estado de Veracruz
