La Fiscalía General del Estado fracasa en el caso que abrió por presuntos desvíos en el DIF estatal durante el periodo en que Karime Macías fungió como presidenta del patronato.

Este miércoles quedó en libertad la cuarta implicada en el proceso que abrió la Fiscalía General del Estado por presuntos desvíos.

Se trata de la exsubdirectora de Recursos Financieros del DIF estatal, Emilia Yasbé “N”, a quien un juez de control de Pacho Viejo resolvió otorgarle el auto de no vinculación por los delitos de Abuso de Autoridad, Incumplimiento de un Deber Legal y Coalición.

La autoridad jurisdiccional ordenó levantar la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada en contra de la funcionaria.

Cabe destacar que por este caso la exesposa del Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, se encuentra en proceso de extradición.

Emilia Yasbé “N” es la primera exfuncionaria en quedar desvinculada de este proceso, por lo que el día de hoy recuperó su libertad debido a que el juez determinó que no existen indicios de que haya cometido ninguno de los delitos que se le imputan.

Corrupción impune

Fue el 16 de abril del 2020 cuando la Fiscalía General del Estado, ya bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns, solicitó orden de aprehensión en contra de 25 exfuncionarios y presuntos empresarios.

Ello por su supuesta vinculación con el desvío de recursos públicos del DIF a través del uso de empresas “fantasma”, dentro del Proceso Penal 116/2020, a cargo del juez de Control Gregorio Esteban Noriega Velasco.

Del caso concreto de Emilia Yasbé “N”, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Hernández Giadáns, acusó que la vinculada y otros exservidores públicos, entre los años 2011 y 2012, “por órdenes directas de la ciudadana Karime Macías Tubilla”, desviaron recursos.

“Valiéndose del cargo de presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, es que, asociándose con exfuncionarios y otras personas, es que lo hacen con el fin de cometer hechos que revisten categoría de delito”.

Se acusó que la mujer celebró contratos de compraventa de bienes y servicios con empresas diversas, acusadas de ser “fantasma”, las cuales, indica la autoridad, “sólo fueron utilizadas para el saqueo de millones de pesos en supuestos insumos para el DIF estatal, que nunca existieron, lo cual ocasiona un detrimento patrimonial a dicho organismo descentralizado por la cantidad de 112 millones 216 mil 820.36 pesos. “

Para la operación de las mismas se contó indudablemente con la participación y consentimiento de los investigados, con el inminente mando de Karime Macías Tubilla”.

Al respecto, la autoridad federal consideró que ni el fiscal del caso se encargó de acreditar, al menos de manera indiciaria, la comisión de los hechos y la conducta atribuida a la exservidora pública, y el juez de control accedió a la vinculación a proceso sin haber pedido a la Fiscalía que relacionara los hechos en tiempo, forma y lugar de comisión, por lo que no realizó su trabajo a cabalidad.

Tampoco expuso las razones que lo llevaron a tomar la decisión de vincular a proceso aun cuando la fiscalía no había subsanado las irregularidades en su acusación, ni los motivos para considerar que los datos de prueba presentados eran idóneos y pertinentes para evidenciar la conducta delictiva.

Ante ello, concedió la protección de la justicia federal para que, por una parte, dejara sin efecto el auto de vinculación a proceso y por otra, subsanando todas las deficiencias presentadas tanto por la Fiscalía como por el propio juez, se dictara una nueva resolución.

Aunque la determinación del juez fue combatida por la FGE, la sentencia fue confirmada en el Amparo en Revisión 218/2020 por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal con sede en Boca del Río, Veracruz, siendo promovido por Arturo Nicolás Baltazar, defensor de la exfuncionaria.

Además, también se promovió un juicio de amparo contra la medida de prisión preventiva oficiosa que se pronunció en contra de la exservidora pública, que también se dejó sin efecto, luego de ser acusada de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición

Libres otros 3 implicados

La Fiscalía, bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns, procedió en abril de 2020 en contra de 25 exfuncionarios, presuntos empresarios y prestanombres, señalándolos de desviar millones de recursos públicos, aunque sólo detuvieron a 8 presuntos involucrados, otros 3 ya quedaron en libertad.

Este caso igualmente involucra a los exfuncionarios Julián Alberto “N”, exdirector de Atención Vulnerable y Víctor Manuel “N”, exsubdirector de Recursos Materiales, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en su modalidad dé asociación delictuosa; a la fecha ambos permanecen en prisión.

Los otros 5 presuntos accionistas o socios de empresas “fachada” son Claudia “N”, César “N”, así como Teodosio “N”; Raúl Antonio “N” y Pedro Francisco “N”. Este mismo mes, Claudia “N”, César “N” y Pedro Francisco “N” fueron liberados, en ejecución de sentencias de amparo en revisión emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en materia penal de Veracruz, en donde se estableció que se encontraban indebidamente sujetos a la medida de prisión preventiva.

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