Al interior de la Fiscalía General del Estado ya se abrió una investigación interna, respecto a por qué no se procedió penalmente en contra de Arturo Bermúdez Zurita por el delito de enriquecimiento ilícito durante la gestión del anterior fiscal.

Originalmente, el ex secretario de Seguridad Pública sólo había sido denunciado por tráfico de influencias y abuso de autoridad, pero conforme avanzaron las investigaciones había elementos para determinar su presunta responsabilidad del delito de enriquecimiento ilícito, sin embargo no se actuó en su contra.

Por ello, se están buscando los elementos para conocer por qué durante la anterior gestión de la Fiscalía General del Estado se encubrió el enriquecimiento ilícito de Arturo Bermúdez Zurita y se limitó a investigarlo por abuso de autoridad y tráfico de influencias.

De acuerdo con datos revelados dentro de la fallida audiencia intermedia por el delito de enriquecimiento ilícito de Bermúdez, su entonces amigo y de Javier Duarte de Ochoa, optó por limitar sus investigaciones a asuntos administrativos y no patrimoniales.

Y es que la defensa del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), solicitó a la juez de control que la Fiscalía General del Estado (FGE) facilite las copias de la investigación ministerial radicada en el expediente 236/2016 que dio origen a la causa penal 68/2017, por el delito que tiene preso al ex colaborador de Duarte de Ochoa.

Dicho expediente es el asignado a la denuncia que presentó el año pasado el ahora gobernador Miguel Ángel Yunes Linares contra Bermúdez, al evidenciar la posesión de empresas que obtuvieron contratos millonarios en la SSP a pesar de estar prohibido.

Aunque en su denuncia el gobernador incluyó además de las empresas algunas propiedades a nombre de Bermúdez, su esposa, sus hermanos, padres y demás parientes, los colaboradores de Luis Ángel Bravo Contreras ignoró los bienes y prefirió solo indagar los contratos otorgados a las firmas del “capitán tormenta”.

De ahí que de dicha denuncia salió inicialmente la acusación de tráfico de influencias y abuso de autoridad, que constituyen la causa penal 221/2016.

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