La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el mal uso de 7 programas sociales impulsados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz.
No obstante, vía transparencia la dependencia rechazó dar el número de funcionarios o exfuncionarios implicados en las anomalías, así como dar a conocer las sanciones aplicadas al encontrarse presunta responsabilidad de sus trabajadores.
De 2018 a la fecha la dependencia ha presentado un total de 26 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el mal uso de los apoyos.
Todas las denuncias continúan en investigación en las distintas circunscripciones de la Fiscalía General de la república dentro del Estado, es decir, que es inminente que se proceda penalmente en contra de los presuntos responsables.
Desde el 2018 se han detectado anomalías en el manejo de los recursos entregados a beneficiarios del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; Programa de Fomento a la Economía Social; Programa de Opciones Productivas y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
También hay malos manejos en el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; en el Programa Vivienda Social y finalmente en el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
“Los cuales al no ser utilizados de manera adecuada causaron un daño patrimonial al erario público; denuncias, las cuales actualmente se encuentran en proceso”, refirió la Secretaría del Bienestar.
La dependencia justificó que no se puede detallar el número de carpeta de investigación y precisar el fiscal que lleva el proceso, puesto que “se podría ocasionar una vulneración para los derechos del y/o los imputados”.
Además, agrega que las carpetas de Investigación tienen como principal objetivo que se repare el daño económico.
“Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos (…).
“Por consecuente, no es viable brindan informe pormenorizado de los probables responsables, hayan sido o no funcionarios públicos de la Secretaría de Bienestar, puesto que, de brindar la información solicitada, permitiría que se facilite la evasión de la acción de la justicia por parte del probable responsable del delito o afecte seriamente el derecho de defensa de éste”.
