La administración de Miguel Ángel Yunes Linares también elevó los pasivos del Gobierno de Veracruz con los proveedores de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
En 2018 la administración de Cuitláhuac García Jiménez heredó de su antecesor un pendiente de 422 millones 111 mil 572 pesos, los cuales se generaron durante las últimas administraciones estatales.
En 2016 los pendientes registrados alcanzan los 407 millones 129 mil 241 pesos, al término del gobierno de Javier Duarte y Flavino Ríos.
Durante el Gobierno de Yunes Linares, de 2016 a 2018, 21 acreedoras reclamaron 14 millones 982 mil 331 pesos, equivalente a un 3.5 por ciento de la deuda total del Gobierno de Veracruz con empresas constructoras y de proveeduría desde 2010 a 2018.
De hecho, sólo en 2018, la administración de Yunes Linares recibió el mayor número de reclamos por pagos, sumando 17, por un monto de 14 millones 025 mil pesos, a los cuales se suman cuatro de 2017 por 957 mil 283 pesos.
De acuerdo con la SIOP, de 2010 a 2018, el Gobierno descartó 11 adeudos de igual número de empresas, que suman 286 mil 632 mil 270 pesos: una en 2010, una en 2011, dos en 2012, una en 2013, 2 en 2014, 2 en 2015 y 2 en 2018, los cuales en total suman 286 millones 632 mil 270 pesos.
De las 73 empresas acreedoras apenas 23 documentaron y validaron sus deudas. Así, de los 422.1 millones de pesos reclamados, los acreedores solo comprobaron 47 millones 388 mil 159 pesos. El Gobierno además desestimó 286 millones 632 mil 270 pesos y validó 47 millones 388 mil 159 pesos.
El Poder Ejecutivo descartó del proceso de evaluación a 11 empresas solicitantes de pagos de la administración estatal de 2010 a 2018.
Es el caso de “Infraestructura en Construcción S.A. de C.V.”, acreedora de un supuesto pago de 874 mil 960 pesos y “Grupo de Servicios GAMYT S.A. de C.V.”, con domicilio en 16 de Septiembre 27 de Álamo y con un supuesto adeudo de 1 millón 614 mil 164 pesos.
En esta destaca como socio mayoritario Tiburcio Herrera Apolinar, representante legal de “Construcción, Supervisión, y Servicios Especializados HEAT S.A.”, “GRUPO H Y SERVICIOS MIGATYH, S.A DE C.V” y de “EVERYBODY THE SERVICES H&J OF THE GULF SA DE CV”.
El Gobierno descartó a “Constructora e Inmobiliaria Heyro S.A. de C.V” que reclama un millón 071 mil 210 pesos y que tiene como socios a Dulce Sugey Reyes Landa y Mytshunory Hassan Reyes de Cortés Landa; además la SIOP descartó un adeudo por 4 millones 365 mil 390 pesos reclamado por “D.E. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”, sociedad integrada al 50 y 50 por ciento por Miguel Catemaxca Pelayo y Anselmo Alarcón Elvira, y como representante legal Pedro Catemaxca Pelayo; además de Desarrollo Regional Consultores S.C. la cual reclama un adeudo de 2 millones 319 mil 971 pesos.
La SIOP descartó además el reclamo de 218 millones 622 mil 427 pesos de la empresa “Compañía Constructora del Sureste S.A. de C.V.”, a nombre de Juana Ríos Palomino.
Esta última es a la vez accionista y administradora única de “Constructora Goli S.A. de C.V.”, que reclama 16 millones 338 mil 006 pesos y que a la vez estuvo involucrada en un escándalo con prestanombres del entonces gobernador de Oaxaca José Murat Casab en licitaciones de obra en los estados de Oaxaca y Chiapas.
Se descartó además una cifra de 32 millones 236 mil 186 pesos reclamado por Grupo Corporativo Urbis S.A. de C.V. y uno más de 6 millones 614 mil 629 pesos reclamado por el proveedor Óscar Pérez Macay, con domicilio en Andador B 85, colonia Santa Regina de Poza Rica.
También descartó a Comercializadora y Constructora GORA S.A de C.V., solicitante de un pago de 260 mil 192 pesos, integrada por la sociedad de Efrén Barradas Hernández y Carlos Alberto Escalera González y no avaló un monto de 2 millones 186 mil 133 pesos de “Construcción y Maquinaria Eyasa S. de R.L. de C.V.”, a nombre de Julio Enrique García Martínez, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
