La aplicación de los llamados impuestos ambientales que proyecta aplicar el gobierno de Cuitláhuac García se pondrán a consideración del Congreso para que se implementen en el 2020 o para próximos ejercicios.
Así lo señaló el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, quien refirió que estas medidas replicarían los gravámenes aprobados en Zacatecas, el primer Estado del país que los impuso.
Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya avaló la aplicación de los impuestos en dicha entidad.
“Estamos analizando la viabilidad y será las próximas semanas y próximos meses, no sé, de acuerdo al análisis que se haga, en que se discutirá con ustedes y se tendrá que venir a explicarles en qué consiste y será en la facultad de esta soberanía si deciden aprobar o no aprobar esta propuesta”, señaló el funcionario.
Argumentó que corresponde al Estado procurar mejorar las cuestiones ambientales y que exista remediación a la contaminación que hacen las empresas y algunos otros sectores.
“En ese sentido cuando exista una propuesta ya firme vendremos a esta soberanía a explicar las cusas, los beneficios y el objetivo tal cual, de estos impuestos ambientales”, adelantó Lima Franco en su comparecencia ante el Congreso local.
Cabe señalar que previamente, ante medios nacionales, el titular de la SEFIPLAN señaló que se proyecta un impuesto por metro cúbico a la remediación ambiental en la extracción de materiales para cementeras, caleras, pedreras, bloqueras, minas y Pemex.
Para ingenios, plantas industriales y procesadoras de alimentos se propone un impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, cuya base gravable será la cuantía de carga contaminante.
El proyecto considera un impuesto por metro cuadrado a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, el cual pagarían las plantas de tratamiento residual, las industriales y procesadoras de alimentos, así como los ingenios.
Además, hay un impuesto por tonelada al depósito o almacenamiento de residuos para diversos depósitos, medidas con las que se recaudarían unos 120 millones de pesos al año que se destinarían a la remediación de los daños ambientales causados por estas industrias.
